Según conoció EL HERALDO, en ese año, el equipo de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) abrió una línea de investigación destinada a descubrir el uso final de una partida económica asignada a la ONG a solicitud de un grupo de congresistas en el 2015.
El equipo de fiscales e investigadores constató que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también efectuó una revisión al caso en noviembre del 2016, además recopilaron los documentos de soporte de asignación de fondos.
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El dinero se depositó en la cuenta de la Asociación Planeta Verde y ascendía a 21.1 millones de lempiras, provenientes de Casa Presidencial (2 millones), del Congreso Nacional (3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (16.1 millones). Después se trasladaron a las cuentas personales de varios congresistas y particulares, según la investigación.
Tras las indagaciones, la Ufecic procedió a decomisar el 28 de noviembre del 2017, dos días después de las elecciones generales, el expediente constitutivo de la asociación en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
El documento secuestrado consiste en un expediente de color amarillo, compuesto de 35 folios, donde consta toda la información referente a la Asociación Planeta Verde, con número de registro 2015000055.
La ONG fue ingresada al sistema de asociaciones civiles el 17 de febrero del 2015 mediante resolución 58-2015, siendo su apoderada legal Julia Isabel Rivera, según información en poder de EL HERALDO.
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La ONG se constituyó con el objetivo de 'satisfacer las necesidades espirituales, físicas, emocionales y educativas de los niñas y niñas de Honduras de escasos recursos a través de programas especiales', según consta en la página 17 del diario oficial La Gaceta del 13 de mayo de 2018.
Su permiso venció el 15 de mayo del 2018 y funcionó en un local de un centro comercial en la colonia Miramontes de Tegucigalpa.
El equipo de la Ufecic y la Misión de Apoyo de la OEA presentaron el 11 de diciembre ante la Corte Suprema de Justicia el requerimiento, que abarca a cinco diputados y seis exdiputados.
