El presidente Lobo ha declarado que la tragedia ocurrida en Gracias a Dios “tiene que investigarse a fondo y ver qué es lo que hay” (El Heraldo, 2 junio 2012, p. 14).
Los organismos dedicados a la protección y promoción de los derechos humanos no pueden permanecer al margen de lo acaecido el 11 de mayo, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas (dos de ellas embarazadas), otras cuatro heridas y tres detenidas.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), envió una misión a ese remoto y aislado departamento para reconstruir los hechos y llegar al fondo de la trama, entre el 20 y 24 de mayo.
Realizó entrevistas a familiares de las víctimas, testigos presenciales y autoridades locales; como resultado de sus indagatorias elaboraron un documento intitulado Informe Preliminar de Verificación, Caso Ahuas, que en sus conclusiones imputa la responsabilidad de los acontecimientos a agentes del Estado hondureño y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), quienes realizaron un “ataque militar desproporcionado, sin previo aviso, sobre población civil desarmada”, descartando una previa agresión por parte de los fallecidos, quienes retornaban a la localidad de Ahuas, vía fluvial, cuando fueron atacados por un helicóptero artillado y por fuerzas terrestres posicionadas en las márgenes del río Patuca.
Adicional a las bajas causadas, ocurrieron “detenciones ilegales, amenazas a muerte, allanamientos, saqueo de bienes, tratos crueles inhumanos y degradantes, evitando que socorrieran a las víctimas”.
Inicialmente se trató de encubrir lo sucedido, para luego deformar la verdad de los hechos ante las denuncias de la población local -indignada y adolorida-, recogidas tanto por la prensa nacional como por el New York Times.
La Mosquitia, con sus sabanas y red de lagunas, se ha transformado de una zona pobre pero apacible, en santuario de narcotraficantes locales, caribeños y sudamericanos, a sabiendas que el control estatal en la región es tenue en el mejor de los casos. También es cierto que las mafias han reclutado a pobladores locales como transportistas e informantes, en el proceso provocando la adicción entre una parte de ellos, lo que facilita su manipulación. A ello debe agregarse que las oportunidades económicas son limitadas al igual que el empleo, pese a la riqueza forestal y pesquera existente, y el marginamiento e indiferencia manifestadas durante décadas por las autoridades centrales.
Empero, la presencia armada de efectivos castrenses y policiales hondureños y estadounidenses desplazados para interceptar y neutralizar a los capos y a su comercio letal debe diferenciar a los delincuentes y colaboradores de la población no involucrada en actos delictivos. De no actuar bajo ese criterio, irrespetando los derechos humanos de los misquitos, garífunas, tawahkas, pech y ladinos, alienarán a estos compatriotas, con consecuencias negativas para sus propósitos.
