La forma de lucha más efectiva contra la corrupción y otros males de la administración pública es la transparencia, el empoderamiento del individuo y de la sociedad civil; pero esto último solo es posible cuando la información pública está permanentemente disponible. Lo contrario: la opacidad, el ocultamiento, el secretismo, ha sido siempre la principal herramienta con la que cuentan los corruptos, sátrapas, abusadores, ineptos y delincuentes para garantizar su absoluta impunidad.
Conscientes de esa realidad fue que, a regañadientes y con muchas limitantes –como impedir que el pueblo pudiera usarla para conocer la corrupción de gobiernos anteriores— en 2006 se aprobó en Honduras la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La trampa más visible quedó en la información que la ley califica de “reservada”. Pero no solo eso, sino que cada vez que les ha sido posible tanto a ciertos entes públicos e incluso a los mismos diputados, han procurado que más y más información quede oculta a los ojos del público, además de que muchas instituciones ni siquiera cumplen con la divulgación de aquella que la misma ley obliga a hacer de oficio.
Más grave aún, en enero del año pasado se aprobó la “Ley de Secretos”, oficialmente conocida como Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionado con la Defensa y Seguridad Nacional, que el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha calificado de violatoria de la Ley de Transparencia, la Constitución de la República y tratados internacionales, por lo que en julio pasado exigió que la reformara.
En ese mismo marco de acción construido desde el poder, de evitar la rendición de cuentas y asegurarse la opacidad en el manejo de los asuntos públicos, se informa ahora que desde hace un año la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial ha solicitado al IAIP una declaratoria de secretividad por 10 años sobre los resultados de las pruebas de confianza, de forma tal que la sociedad hondureña no pueda conocer ni nombres, rangos ni detalles sobre los oficiales y agentes que no son aptos para continuar en el cuerpo policial que, dicho sea de paso, no ha podido ser depurado hasta ahora.
Esperemos que la respuesta del IAIP no solo sea negativa a esta solicitud sino que –si de verdad queremos luchar contra la corrupción y la impunidad— en vez de tratar de boicotear la función de la Ley de Transparencia más bien esta sea reforzada para que garantice la rendición de cuentas y el acceso a la ciudadanía de todo aquello que concierne a la función pública.
