Los fenómenos naturales en Honduras no solo dejan al descubierto la vulnerabilidad geográfica y geológica, sino también la ineptitud, la displicencia y la corrupción imperante en la administración pública.
En nuestra historia reciente, en diversas zonas del país ya se suman varios puentes, carreteras, edificios y otras obras que se vienen abajo con la primera crecida de los ríos donde fueron construidas, ante un temblor de mediana intensidad o al poco tiempo de uso.
Como en el resto de las desgracias nacionales en esto también impera la impunidad ya que los responsables, los promotores, quienes tenían la obligación de velar porque fueran bien utilizados los recursos públicos asignados, en vez de ser castigados, o de recibir siquiera la sanción moral, más bien se exhiben como grandes políticos merecedores de la confianza popular incluso para elevarlos a más altos posiciones dentro de la burocracia estatal.
Eso fue lo que se repitió este fin de semana, cuando el río Choluteca, en su primera crecida, se llevó las supuestas obras de contención que con un costo de varios millones de lempiras había construido Soptravi hacía menos de un mes en el municipio de Marcovia.
Nada nuevo en esa zona. En Alianza, Valle, hace un año, sin estrenarse aún, la primera crecida del río Goascorán se llevó el puente de la Costa de Los Amates.
Este año las víctimas directas son unas 150 familias de la aldea Los Llanitos, Marcovia, que con rabia e impotencia con demasiada rapidez se dieron cuenta que las cacareadas obras de mitigación, que no eran más que sacos llenos de arena, apilados a la orilla del río, en las que se habían dilapidado varios millones de lempiras no resistieron ni las primeras lluvias.
Con toda la experiencia acumulada que debería existir en el gobierno y más en un lugar como el municipio de Marcovia, que ha resultado uno de los más afectados de la zona sur en los últimos cinco años, resulta inconcebible que la mentalidad politiquera, la ineptitud, el descuido, se impongan a los criterios meramente técnicos que debiera orientar la acción de los funcionarios públicos cuando se trata de obras comunales dirigidas a disminuir la vulnerabilidad.
Ya es tiempo también de que se le ponga fin a la impunidad de los altos funcionarios que permiten el desperdicio de los siempre exiguos fondos públicos.
