Se define la inversión extranjera directa (IED) como la inversión realizada por una empresa extranjera en un país, ya sea mediante la compra de una empresa nacional o el inicio o expansión de operaciones, como estrategia para tener acceso a los mercados del país o de la región o lograr ventajas para competir en el comercio mundial.
Como parte de sus esfuerzos por atraer inversión, los países generalmente ofrecen condiciones especiales como salarios competitivos, beneficios fiscales, zonas económicas especiales, préstamos en condiciones blandas, tierras a precios bajos o sin costo, apoyo para investigación y desarrollo. Empero, ningún beneficio puede ser mayor que un marco jurídico donde se respeten las leyes y la propiedad privada.
La FED provee a los países un flujo de capital extranjero además de propiciar la transferencia de tecnología, introducir nuevas habilidades o destrezas y generar oportunidades de empleo. Honduras recibió 799 millones de dólares en 2010 y 1,014 millones en 2011, que contribuyeron a financiar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Reconociendo las bondades de la IED, los países desarrollados y en proceso de desarrollo promueven estrategias focalizadas y compiten fuertemente para atraer esta inversión; por lo tanto es difícil entender las posiciones que algunos países adoptan por razones ideológicas o populistas, que más bien contribuyen a ahuyentarla.
En este sentido, cito lo expresado por Andrés Oppenheimer en su famoso libro Cuentos Chinos: “A grandes rasgos, en la nueva geografía política mundial hay dos tipos de naciones: las que atraen capitales y las que espantan capitales: si un país logra captar capitales productivos, casi todo lo demás es aleatorio.
En el siglo XXI, la ideología de las naciones es un detalle cada vez más irrelevante: hay gobiernos comunistas, socialistas, progresistas, capitalistas y súper capitalistas que están logrando un enorme crecimiento económico con una gran reducción de la pobreza, y hay otros que se embanderan de las mismas ideologías que están fracasando miserablemente. Lo que distingue a unos de otros es su capacidad para atraer inversiones que generan riqueza y empleos, y -en la mayoría de los casos, por lo menos en Occidente- sus libertades políticas”.
Un clima de inversión sólido es crucial para el crecimiento económico. Para esto, los países tienen que hacer reformas dirigidas a la simplificación de las regulaciones de negocio, la reducción de trámites burocráticos, el fortalecimiento de los derechos de propiedad, la flexibilización del mercado laboral y el acceso al financiamiento.
Los gobiernos que promueven y enfatizan estrategias flexibles impulsadas por la demanda, focalizan esfuerzos en áreas de fortaleza competitiva y mantienen políticas de educación y entrenamiento, son los que están llamados a llevarse la tajada más grande del pastel.
Eventos como el Honduras Open for Business no son nada más que campañas promocionales que al final no producen ningún resultado si no son acompañados de una buena estrategia, acciones concretas para identificar y atraer la inversión y se tiene un marco jurídico que infunda confianza. Adam Smith, padre de la economía moderna, escribió que la riqueza y el crecimiento de los países depende de tres factores básicos: un esquema jurídico de justicia para todos; el ejercicio y estímulo de la libre competencia y el libre comercio. Pero estos tres conceptos deben ser parte permanente del accionar de un país y no simples expresiones pasajeras de buenas intenciones de un gobierno.
Actualmente hemos avanzado con algunas leyes para impulsar la
inversión nacional y extranjera, como ser las zonas especiales de desarrollo, las alianzas público-privadas y la promoción y protección de inversiones. Sin embargo, ¿de qué sirven todas estas buenas leyes, si en la práctica estamos permitiendo las invasiones y la confiscación de tierras productivas, que generan exportaciones y empleo? Algunas de estas acciones son motivadas por razones ideológicas y populistas, expresadas abiertamente en medios de comunicación. Es obligación del gobierno definir su política al respecto e impulsar el diálogo y acciones constructivas con base a la ley, si en realidad deseamos atraer inversión privada, promover el crecimiento y la generación de empleo productivo.