Desde inicios del 2015, el régimen autoritario de Juan Hernández ha empezado a dar muestras de un sistemático debilitamiento, que ha generado tal desconcierto que le ha hecho tomar decisiones erradas que han indignado a todo un pueblo.
Primero recibió el revés de la ratificación constitucional de la PMOP, que lo impulsó a anunciar que elevaría la decisión a un plebiscito, mismo que no fue más que una acción de desahogo y frustración. Posteriormente obligó a Callejas a hacer el papelón de su vida política y anunciar que se presentaría a las elecciones primarias, forzando a sus “empleados”, los magistrados de la Sala de lo Constitucional a emitir un fallo espurio que contraviene la Constitución, en el cual han extralimitado sus funciones, y que por tanto es nulo, pero que han intentado emplear para justificar, de sopetón, la legalidad de la reelección presidencial.
En segundo lugar han dormido el tema del IHSS, y tras la detención de Mario Zelaya, todo parece haber entrado en una parálisis, en la cual han contado con toda la colaboración y la buena disposición del Ministerio Público y de su fiscal general, otro empleado al servicio del gobernante. Ante las manifestaciones de rechazo y repudio a esta actitud han intentado mostrar una cara que, contrario a lo que desean, es percibido como una maniobra política burda.
En tercer lugar, ha querido ningunear al pueblo que espontáneamente se ha manifestado como muestra de condena tanto de su actitud como de la galopante corrupción no castigada de su partido, que vincula directamente el desfalco del IHSS a la financiación de la campaña electoral de Juan O. Hernández. ¿Cuál fue la reacción presidencial? Descalificar la oposición política y los manifestantes, vinculándolos al narcotráfico y al crimen organizado, y ordenar al presidente del Congreso Nacional a organizar intempestivamente una comisión legislativa que se reuniera con el fiscal para obtener información. ¿El resultado? Un vergonzoso informe presentado a matacaballo que representa un verdadero insulto al malestar de toda una nación.
El pueblo ha salido masivamente a las calles a protestar en las denominadas Marchas de las Antorchas, concentrando en algunas de ellas a más de 80 mil personas, algo insólito en nuestro país. El presidente ha respondido diciendo que en “Honduras los pájaros le disparan a las escopetas” y convocando marchas pagadas en su favor de activistas nacionalistas y empleados públicos forzados.
El presidente se está equivocando. No conoce el comportamiento de las masas porque seguramente nunca lo ha estudiado. Le recomiendo, por su bien, que lo haga, pues de lo contrario puede seguir provocando a un pueblo indignado y dispuesto, por primera vez, a llegar hasta donde sea necesario por establecer un cambio radical en el rumbo del país, y ahí sí es impredecible lo que pueda suceder.
Los medios de comunicación y la empresa privada organizada deben asumir el rol responsable que en toda democracia deben asumir, mismo que no han cumplido de manera cabal. El Cohep debería ser el más preocupado en resolver esta problemática, pero su presidenta se ha adherido de manera incondicional a apoyar al Presidente, vertiendo opiniones de crítica contra las marchas, en lugar de invitar al Presidente a reconducir su rumbo, y ser un canal de comunicación neutral creíble entre ambas partes. Muchos medios, que no todos, tampoco le han dado cobertura objetiva a las marchas, publicitando otros aspectos irrelevantes, reduciendo a la mínima expresión una reacción tan espontánea como necesaria en una democracia.
Las marchas y protestas genuinas son muestras de madurez política de la ciudadanía. Ahora esperamos que el señor Hernández modifique su proceder, se salga de su capricho continuista, deje de proteger a sus correligionarios corruptos y atacar a sus adversarios políticos y se dedique a gobernar en un ambiente de sosiego y tranquilidad. Le conviene.
