El proceso electoral interno del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación (Libre) nos ha dejado el convencimiento de que es necesaria la implantación del voto electrónico y la reforma a la Ley Electoral de las organizaciones políticas como una necesidad apremiante para llevar a cabo las elecciones generales que tendrán lugar en el mes de noviembre del año 2013.
Tenemos la opinión de que nuestro sistema electoral se encuentra desplomado y que permite el fraude electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los deseos de la población.
En primer lugar nuestro Tribunal Supremo Electoral es impotente para detener las campañas electorales prematuras. En el reciente pasado hemos visto cómo las distintas corrientes y movimientos internos del Partido Nacional y del Liberal infringieron abiertamente la Ley promoviendo a sus candidatos y candidatas a cargos de elección popular fuera de los términos legales que, en el caso de esas elecciones internas es permitida únicamente 50 días antes de las elecciones. En esta conducta estuvieron coludidos todos los medios de comunicación lo cual demuestra, la existencia de una cultura de indiferencia ante el cumplimiento de la ley.
El Tribunal Supremo Electoral es absolutamente incapaz de controlar eficientemente el financiamiento de las corrientes internas de los partidos políticos y de los partidos políticos en sí mismos. Esto especialmente en lo que se refiere a los movimientos que erogan sumas millonarias para financiar la propaganda y publicidad electoral y que en el caso del Partido Liberal fueron los movimientos de Mauricio Villeda Bermúdez y Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y en el Partido Nacional los movimientos de Juan Orlando Hernández, Ricardo Álvarez Arias, Miguel Pastos y los demás. Nosotros nos preguntamos ¿por qué la ley tiene normas que nadie está dispuesto a cumplir?
Creemos que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas necesita una severa reforma en el sentido de no permitir la participación de movimientos inocuos o vanos como fue el caso de los que formaron las señores Loreley y Eva Fernández y de los que formaron los señores Fernando Anduray y Víctor Hugo Barnica. Todos ellos deshonraron y desprestigiaron aún más nuestro frágil sistema. Se destaca el hecho de que no pudieron obtener no solo el 2% de los votos de la masa electoral de su propio Partido Político que constituye el requisito mínimo para inscribirse, sino que, tampoco pudieron obtener los votos de sus mismos delegados de mesa. Toda esta construcción únicamente tiene como propósito el trasiego y la comercialización de las credenciales electorales hecho que encaja en un proceso dominado por la codicia, la astucia, el afán de triunfar a toda costa y el clientelismo político.
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas también necesita una severa reforma para hacer democracia en la conformación de los movimientos internos de los Partidos Políticos. Actualmente el dueño de los movimientos, o sea los candidatos a Presidente de la República nombran autoritaria y discrecionalmente a todos y cada uno de los demás candidatos a cargos de elección popular. Léase candidatos a diputados, candidatos a alcalde, candidatos a regidores y candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano. Este sistema autoritario fortalece la formación de bancados a lo interno del Congreso Nacional ya que, la existencia del caudillismo o más bien la cultura autoritaria y antidemocrática dentro de los partidos políticos fomenta el servilismo, la cultura de la adulación y de la ausencia de independencia en la toma de decisiones. Es por ello que tenemos un Congreso Nacional donde se toman decisiones por los dueños de los diputados y no por los diputados independientemente.
La ley Electoral y de las Organizaciones Políticas necesita una reforma para no permitir que el Estado de Honduras financie o pague las elecciones internas y primarias de unos pocos partidos políticos. Estos pocos Partidos son el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación (Libre). Cada Partido Político debe encontrar los recursos para autofinanciarse. Esto porque de continuar así se seguiría violentando el principio de la Igualdad, de que todos tenemos derecho a los recursos del Estado, sin embargo en el caso actual eso no sucede como quisiéramos. Ahora mismo el Estado de Honduras erogó cerca de 800 millones de lempiras para financiar el proceso de tres partidos políticos únicamente. ¿Y los demás? ¿Y los otros partidos políticos? ¿Quién los financia? ¿Cómo los financiará el Estado? ¿Cuándo los financiará el Estado?
La nueva Ley Electoral o las reformas a la actual deben buscar los mecanismos para sancionar las irregularidades que se presentaron en las elecciones primarias del paso 18 de noviembre. Tenemos que encontrar una fórmula para que los actores de esas irregularidades no participen en el proceso electoral general. Para ello es imprescindible el concurso del Ministerio Público y por ello, con respeto le solicitamos a esa institución que por una única vez deje al lado la política y los intereses y se ponga del lado de la justicia. No para sancionar, no para enviar a alguien a la cárcel, sino para evitar que se cometa o se intente cometer fraude.
Esperamos que el Ministerio Público se exprese por medio de actos y no de palabras. No tenemos mucha fe, pero creemos en la rendición de todas las personas incluido el titular del Ministerio Público.
Estas son las reformas estructurales que necesita contener la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Pero las reformas no bastan, sino que se necesita de una nueva Ley Electoral que contenga como herramienta de votación el voto electrónico para poder hacer seguridad democrática. Esa seguridad democrática es de la que derivan todas las otras seguridades que son la seguridad jurídica, la seguridad física y la seguridad de paz social.
