Nuestra sociedad aspira, como parte de una tendencia mundial, a vivir en una democracia a la vez participativa y deliberativa, incluyente, plural, transparente, que deje atrás y para siempre la secretividad, la concepción del Estado como un botín a repartirse entre las élites políticas y económicas.
Se percibe un cambio cultural a nivel popular que concluye en que solamente la unidad, organización, claridad de propósitos, hacen posible defender y consolidar nuestro frágil sistema democrático, y que las autoridades electas, en sus distintos niveles, deben estar al servicio del pueblo y no al revés.
La auditoría social permanente del gobierno, el periódico rendimiento de cuentas, la transparencia y honestidad en la administración de fondos públicos forman parte de ese despertar ciudadano que ha comprendido que el combate a la corrupción e impunidad pasan necesariamente por el control de la gestión pública, eficientándola y exigiendo que la información esté accesible, sin ocultarla so pretexto de proteger la seguridad nacional.
El interés privado no puede estar por encima del interés público, como ha ocurrido a lo largo del tiempo.
Nuestro pueblo ha sufrido engaños y frustraciones por parte de políticos durante las campañas electorales; promesas tales como “la revolución del trabajo y la honestidad”, “la revolución moral”, se diseñaron como estrategias de mercadeo utilizadas para captar votos. Una vez conquistado el poder, se diluyeron rápidamente, alimentando así los niveles de alienación colectiva al no existir voluntad ni capacidad de concretar lo prometido, con lo que se comprueba que la manipulación y la demagogia constituyen tácticas privilegiadas por los candidatos a elección popular, en sus distintos niveles, al igual que el clientelismo, asistencialismo y paternalismo que atrofia las iniciativas de los de abajo.
Hoy, las y los hondureños ya no aceptan la corrupción, la denuncian y repudian, pese a intimidaciones emanadas de los círculos de poder.
