En otra de las muchas ramificaciones que tienen la corrupción y la delincuencia al interior de la Secretaría de Seguridad y todos los órganos que la conforman, también aparece la sustracción de armas y proyectiles, los que aparentemente se canalizan hacia el crimen organizado.
EL HERALDO destapó esta semana el extravío de 300 fusiles FAL y de unos 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros, usados en varias armas de uso militar. El inusual ilícito fue detectado en agosto pasado, pero el entonces ministro Óscar Álvarez asegura que no fue informado del hecho que ocurrió en el cuartel del cuerpo élite de la Policía conocido como los Cobras.
EL HERALDO también reveló que en el mismo cuartel de los Cobras, en 2007, se produjo el robo de otro lote de armas, 186 exactamente, que tampoco trascendió públicamente y por el que tampoco nadie fue responsabilizado ni mucho menos castigado.
Eso no es todo. Más recientemente, hace un mes, se detectó el hurto, esta vez de 40 pistolas nuevas, asignadas al Instituto Tecnológico Policial (ITP), ubicado en La Paz.
O sea que en la Policía no solo se han estado usando deficientemente los recursos puestos a su disposición para combatir a los delincuentes, sino que han estado también transfiriendo los bienes comprados con los impuestos del pueblo para armar mejor a los criminales.
Realmente solo una investigación hecha por una comisión interventora, ajena a la Secretaría de Seguridad y a los jefes policiales anteriores y actuales, puede permitir descubrir en toda su extensión las pillerías que desde la Policía se han estado cometiendo contra Honduras y su pueblo.
Por lo pronto, esperemos que los tímidos pasos que se han dado, como la investigación iniciada por el Ministerio Público, al menos desenmascaren a los perpetradores de estos robos de armas, incluyendo a los oficiales de alto rango y ministros que ya sea por ineptitud, por miedo o por complicidad fueron incapaces de actuar en su momento.
Hasta ahora solo hemos tenido ministros de Seguridad fracasados en la lucha contra la delincuencia, incluso la que nace al interior de la misma Policía. Y no siempre fueron ignorantes de lo que pasaba, como lo prueba el informe que en septiembre del año pasado envió el entonces jefe regional de la Policía en Copán, Juan Carlos Bonilla Valladares.
Es que se dejó 'crecer al monstruo', como lo señalaba la excomisionada María Luisa Borjas, quien fue despedida porque en 2002, siendo jefa de Asuntos Internos de la Policía, denunció a oficiales que actuaban para garantizar la impunidad al interior de las llamadas 'fuerzas del orden'.
