El punto ciego es una zona de la retina en la que no hay células sensibles a la luz. Muchas veces los accidentes de tráfico ocurren no por desconocimiento de la ruta que se sigue ni por falta de pericia del motorista, sino porque el otro vehículo se aproximó por el punto ciego.
Al igual que las personas, en los países hay acontecimientos negativos que permanecen en el punto ciego de la población, mientras se precipita una situación que todos hubieran querido evitar.
Otras veces, los acontecimientos negativos se desarrollan lentamente por un largo período de tiempo y solo se perciben muy cerca del momento de la incomodidad extrema, parecido a lo que ocurre con la rana cuando es sometida a un lento cocimiento que eventualmente la lleva a morir.
Para Honduras la década de los 70 fue el período de mayor desarrollo económico continuo, en el que se realizaron grandes proyectos de infraestructura y se prestaron servicios públicos con eficiencia. Este período también fue el de mayor estabilidad del empleado público.
A partir de 1980 estas condiciones no se volvieron a repetir. Ha habido pocos y esporádicos buenos gobiernos que no han logrado revertir una tendencia al deterioro de nuestros recursos e instituciones, que cada vez prestan servicios más deficientes. Muchos de los servicios y trámites se han encarecido y dificultado.
Es común oír decir que para lograr un buen servicio en cualquier institución del Estado uno tiene que saber a quién pagarle, si no, tiene que saber esperar.
Independientemente de si el gobierno anterior fue bueno o malo, cada cuatro años las instituciones del gobierno de Honduras se debilitan más.
La casi total sustitución de los empleados públicos que se efectúa al inicio de cada nueva administración, más la tendencia a incorporar mayor número de empleados, no permite la acumulación de experiencia ni de conocimientos, circunstancia que limita la productividad del gobierno y hace ineficaz la administración.
Esta es una situación que permanece en el punto ciego del hondureño, que cuando es consultado atribuye todo mal a la falta de un Plan de Nación o de un liderazgo fuerte y comprometido. Pocas veces, por no decir nunca, la causa se atribuye a una mala administración.
La sustitución de los empleados públicos por activistas, cada vez en mayor número, del partido ganador que asume la dirección de la administración pública es un hecho que nunca es cuestionado por propios ni extraños.
Es un derecho ganado. La sociedad civil y la empresa privada, al igual que cooperantes y donantes, guardan silencio, a pesar de que se reconoce que esta rotación no solo conduce a una mala administración sino que es una de las causas de la corrupción.
En países más desarrollados la burocracia cumple, junto con los servicios que está llamada a prestar, la función de proteger los procesos administrativos que evitan el tráfico de influencias y la personalización de los trámites administrativos.
Sin embargo, existe la alternativa de que no sea porque esté en el punto ciego que ignoramos el daño producido por una mala administración, sino que sea por conveniencia. Independientemente de la causa, lo importante es que otros países pasaron por situación similar y lograron superarla.
Un buen ejemplo es Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando por presiones de la sociedad civil y durante el gobierno del presidente Garfield se creó un eficiente servicio civil mediante el cual se superó la crisis creada por corrupta y mala administración.
Recientemente el presidente Porfirio Lobo junto con el presidente del Congreso señalaron la necesidad de constituir un buen servicio civil para crear condiciones de una eficiente administración. ¡No más cacería!, clamó. Su clamor no fue acogido, ni acuerpado, por la empresa privada ni por los trabajadores.
Sin embargo, aún estamos a tiempo de lograr no solo una buena administración sino también de eliminar una de las mayores causas de la corrupción.
El presidente Lobo, con el respaldo de las organizaciones signatarias del Gran Acuerdo, puede llamar a los partidos políticos y con ellos pactar las bases y el respaldo a un fortalecido servicio civil, que inmune a los cambios de gobierno sea capaz de garantizar la selección por competencia, la permanencia y avance por méritos del empleado público.
