Se ha dicho hasta la saciedad que el problema de Honduras no es la falta de leyes sino que estas no se cumplen.
La realidad nos demuestra que esto es así. Y no solo eso, sino que la masiva aprobación de leyes, las constantes reformas a que son sometidas, a conveniencia de los gobernantes de turno, han hecho de nuestro estamento legal una caótica urdimbre en la que abundan las contradicciones incluso con relación a la propia carta magna.
Todo esto ha convertido muchas de las leyes en otro problema en vez de un instrumento de armonización de las relaciones entre los diversos sectores de la sociedad catracha.
Pero ahora no solo se trata de que el irrespeto a las leyes es la raíz de la mayoría de los problemas que nos abaten, sino que en demasiados casos ese irrespeto comienza, precisamente, durante la aprobación en el Congreso Nacional o en el ínterin que separa ese proceso con la publicación en el diario oficial La Gaceta.
Esto, como hemos insistido en este espacio editorial, no solo contamina y desprestigia las leyes desde su nacimiento mismo, sino que constituye un grave atentado contra la institucionalidad, contra el sistema democrático y contra la imagen de los propios políticos.
Eso ha sucedido con la ley del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República para 2012, que fue aprobada en diciembre pasado y ya se está buscando una reforma.
Como en muchos otros casos durante el gobierno actual, lo que pasó aquí es que el Congreso Nacional consideró necesario reformar el proyecto original enviado por el Ejecutivo ya que los representantes del pueblo consideran que lesiona los intereses de las alcaldías en relación a las transferencias del 9% del presupuesto que, por ley, les corresponde.
En un absoluto irrespeto al orden establecido, desde Casa Presidencial ordenaron la publicación de ley en el diario oficial La Gaceta, haciendo a un lado el cambio introducido por los diputados.
Estamos, pues, ante el constante manoseo de las leyes desde su misma concepción, incluso por parte de quienes tienen potestad para emitirlas, sancionarlas y ponerlas en vigencia. Lo peor de todo, como ocurre con el resto de las manifestaciones delictivas, es la impunidad de los perpetradores.
Casos como este y otros más, incluyendo la aprobación de decretos lesivos para los intereses de la Patria, debieran ser investigados a profundidad a fin de deducir las responsabilidades correspondientes.
