Los políticos hondureños siguen dando largas a la discusión y aprobación de un paquete de reformas electorales que, supuestamente, está siendo discutido y socializado en el Congreso Nacional. Sobre la mesa hay varias propuestas provenientes de distintos sectores políticos y sociales. Una de ellas, presentada por exfuncionarios electorales, contiene más de 70 modificaciones orientadas a corregir problemas institucionales, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la organización de los procesos electorales. Otra, promovida por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, plantea reformas a unos 20 artículos de la Ley Electoral, entre ellas la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos y cambios al sistema de transmisión de resultados. A estas se suma una propuesta de la sociedad civil, que reúne 87 planteamientos agrupados en cinco bloques y fue elaborada por diez organizaciones, con el acompañamiento del PNUD y ONU Mujeres.
Más allá de las diferencias entre los documentos, hay asuntos que generan controversia, como la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas. La primera está incluida en la propuesta de la sociedad civil y es respaldada por otros sectores, pero no aparece en la iniciativa del presidente del Legislativo. En ambos casos, las posiciones de las fuerzas políticas siguen encontradas. Lo preocupante es que, mientras los políticos discuten sus diferencias, el tiempo sigue pasando. Se había anunciado que las reformas serían llevadas al pleno del Congreso Nacional durante octubre. Sin embargo, a cinco días de que concluya el mes, no hay señales claras de que esto vaya a ocurrir. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera, asegura que no cuentan con los votos necesarios para avanzar con las reformas. Una explicación que vuelve a poner en evidencia el riesgo de que los intereses y cálculos políticos terminen imponiéndose sobre una demanda ciudadana: contar con procesos electorales más transparentes, confiables y democráticos.
