Los niveles que está alcanzando en Honduras la violencia política son intolerables, y lo peor es que los mismos siguen creciendo ante la tolerancia de las cúpulas de los partidos políticos, que no alzan su voz en contra de estas manifestaciones que ponen en peligro la vida y la seguridad de la ciudadanía.
Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cuestiona las formas de agresión y las narrativas de altos funcionarios y dirigentes políticos, lo que no da un buen ejemplo a la población, pero también la violencia política que está afectando a hombres y mujeres de a pie, sin altos cargos en los engranajes políticos o de los gobiernos, pero que están defendiendo a X o Y tendencia partidaria o ideológica, sin medir las consecuencias de sus actos.
Lo que sí es claro es que en ambos casos, este tipo de violencias tiene el poder de dañarles en su condición personal, principalmente la que se ejerce contra las mujeres en diversos escenarios, pero con énfasis en las redes sociales.
Si bien no es un hecho exclusivo de Honduras, ya que estas violencias crecen por igual en otros países de continente, en nuestro país es un fenómeno que crece día con día, con la anuencia, incluso, de altos sectores gubernamentales.
Las acciones registradas en las últimas horas contra las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, así como contra las periodistas Saraí Espinal de Tegucigalpa y Yuam Pravia de Gracias a Dios, solo son el reflejo de la intolerancia que priva en el ambiente preelectoral en todo el país.
La violencia política no debe normalizarse en ninguna de sus formas. Es un fenómeno que debe analizarse desde una perspectiva integral y estratégica, que no solo reaccione a los incidentes, sino que también trabaje en sus causas profundas y en la construcción de una cultura política más democrática, inclusiva y respetuosa. El respeto a las ideas y la tolerancia, pilares de la democracia, deben prevalecer sobre la violencia y la intolerancia.
