Se han vivido en los últimos días momentos de terror por la imparable ola de violencia que tiene de rodillas a las autoridades de Seguridad, y junto a ellos a la población indefensa. La masacre de casi 50 presas en la cárcel de mujeres de Támara, Francisco Morazán, fue aterradora. Pero la ola de violencia no paró ahí. Siguió su carrera con el asesinato de una mujer y sus dos guardaespaldas en una panadería de San Pedro Sula y la muerte de otras 13 personas en un billar de Choloma, Cortés.
Y eso no ha sido todo. Los medios de comunicación siguen reportando la muerte violenta de mujeres, entre ellas una mujer y su hijo de solo dos meses de nacido, también en la región norte; robos en el transporte urbano y el incontrolable cobro de la extorsión, aun en medio del estado de excepción en vigor desde diciembre del año pasado, con nulos resultados.
Los delincuentes actúan libre e impunemente, sin miedo a que autoridad alguna los identifique, los capture y lo juzgue, mientras la ciudadanía teme siquiera ir a la pulpería de la esquina de su casa, enviar sus hijos a la escuela o ir a trabajar sin el temor de que le vaya a pasar algo en sus recorridos.
Los hechos están dejando claro que las políticas de seguridad del gobierno de la presidenta Castro son un fracaso y demandan la urgencia de revisarlas para reorientarlas y dar pasos encaminados a construir los escenarios de paz y seguridad que reclama la población. La situación es de máxima alarma.
Se aplauden las últimas decisiones adoptadas por la presidenta Castro de un toque de queda en San Pedro Sula y Choloma y el inicio de la operación “Candado Valle de Sula” dirigida presencialmente por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, y se espera que estas solo sean parte de un plan integral encaminado a desmontar las redes criminales y garantizar la seguridad ciudadana y con ello el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de las personas dentro de la sociedad.
