La extorsión en Honduras es uno de los desafíos más críticos a enfrentar por la administración del presidente Nasry Asfura, que hereda una situación agravada tras el claro fracaso de las políticas de seguridad impulsadas por el anterior gobierno, que centró su ofensiva en este campo, en un estado de excepción que no tuvo los resultados esperados.
Si bien es cierto que las autoridades de Seguridad del anterior gobierno basaron el éxito de sus políticas de seguridad en la reducción del índice de homicidios, también lo es que la extorsión, la muerte de mujeres, los secuestros, entre otros delitos, estuvieron a lo largo del período al alza.
Una de las aristas más preocupantes es el crecimiento del delito de la extorsión, ya no solo en manos de las tradicionales y conocidas pandillas MS-13 y 18. Ahora, hasta se le considera “un modelo de negocio” adoptado por bandas emergentes y delincuentes comunes que aprovechan el miedo generalizado para exigir pagos ilícitos y hasta matar a quienes se les resisten. Se ha vuelto un negocio “altamente rentable” para los operadores que mueve millones de lempiras, casi en la total impunidad.
La situación es crítica y demanda de acciones urgentes que permitan a las nuevas autoridades atacar el problema de manera integral en el cercano, mediano y largo plazo; políticas que trasciendan de la persecución y captura de los delincuentes; que también incluyan propuestas preventivas, de educación, de ataque a la pobreza.Sin duda, que tras el lanzamiento en estados Unidos de la iniciativa “Escudo de las Américas” es una nueva arista que debe ser tomada en cuenta en la ecuación de seguridad del Estado hondureño, ya que la misma se propone una gran coalición contra todos los tipos de violencia que generan los grupos criminales en sus sociedades.
