El Congreso Nacional aprobó esta semana un paquete de medidas que endurecen las penas contra los miembros de estructuras criminales, maras y pandillas que enlutan y atemorizan a la sociedad hondureña.
Con este, suman ya cuatro los paquetes de reformas aprobados. Estos van desde la tipificación de maras y pandillas como grupos terroristas, el endurecimiento del régimen penitenciario y la disponibilidad de recursos financieros, hasta normativas sobre allanamientos en flagrancia y la reducción de plazos para presentar a los imputados ante los tribunales competentes. Aunado a ello, se plantea la construcción de una cárcel de máxima seguridad -similar al CECOT salvadoreño- y la creación de una fuerza especial para reos de alta peligrosidad.
La política criminal de “mano dura” no es nueva en la historia de nuestro país. Gobiernos anteriores han impulsado sus propias estrategias represivas sin que los resultados -a la luz de las estadísticas de homicidios y la prevalencia de delitos como la extorsión- hayan sido los prometidos, incluyendo las cárceles de máxima seguridad construidas e inauguradas con bombos y platillos en el pasado reciente.
Se aplauden las medidas, pues son necesarias; sin embargo, el temor de que queden una vez más en papel mojado sigue a flor de piel en una sociedad acorralada por criminales que, en muchos casos, han tomado el control de territorios a los que ni la propia policía tiene acceso. Capturar a quienes siembran el terror es un paso indispensable, pero garantizar que sean juzgados debidamente bajo el debido proceso lo es aún más.
La impunidad es, sin duda, el peor látigo al que se enfrenta la población honesta; erradicarla con jueces independientes y policías depurados es el único camino para devolverle la paz que clama la nación.
