Rendir cuentas del manejo de los fondos públicos sigue siendo la tarea pendiente de los funcionarios públicos hondureños, sin importar el partido político de turno en el poder de la nación.
Y es que en el país muy poco han servido la creación de instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) -a la que sus impulsores percibieron como una herramienta esencial para promover la transparencia gubernamental- pues los funcionarios han sido tan hábiles que han identificado y creado mecanismos que les permiten esconder la información que debe ser de manejo público.
Es así que la opacidad no solo se refleja en la ausencia de datos expuestos por las instituciones obligadas en portales de transparencia desactualizados, sino también en las respuestas ambiguas a las solicitudes de información que les llegan o el abuso de las “reservas de información” a temas de interés nacional bajo los argumentos de “información de seguridad nacional”, sin importarles que con ello lo que esconden es, por un lado, la ineficiencia en el ejercicio de la función pública y, por el otro, vedan a la ciudadanía de un derecho ciudadano fundamental: el contar con información completa, oportuna, verificable y necesaria para su toma de decisiones; el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la construcción de una democracia sana.
De allí que la clase política, de todos los partidos, que tiene el privilegio de dirigir las riendas del Estado cada cuatro años, debe tener claro que la transparencia no es un acto de buena voluntad del gobierno de turno, sino una obligación ineludible que deben cumplir. Una obligación que va más allá de los gritos y los enunciados de honestidad, ética y lucha contra la corrupción que ofrecen en sus campañas electorales, y de las cuales se olvidan tan solo asumir el poder.
