El Congreso Nacional intensificará esta semana el cabildeo para el proceso de selección de las nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En el escenario se encuentra, además, la discusión de un paquete de reformas a la Ley Electoral encaminadas a blindar próximos procesos electorales de la parálisis institucional que puso en precario la democracia hondureña el año pasado.
Si bien la comisión especial multipartidaria encargada de conducir el proceso de selección de candidatos ha concluido la revisión y las audiencias públicas de los postulantes a los cargos -y ya cuenta con el listado definitivo que entregará al Congreso para su elección-, este se ha visto paralizado ante la posición de varios sectores políticos que demandan que previo a la elección definitiva de los nuevos consejeros y magistrados se discuten y aprueben, de forma simultánea, reformas electorales estructurales que garanticen la transparencia y devuelvan la certidumbre de cara al futuro político del país.
La principal oposición llega desde la bancada del partido Libertad y Refundación que rechaza el proceso realizado, del cual, vale decir, han sido partícipes en la comisión de selección, y ahora califican como un grave atropello democrático y un intento de hegemonía por parte del oficialismo, que bajo el argumento de “despolitizar” los organismos electorales se propondría nombrar a representantes de sociedad civil y desconocer acuerdos previos del tripartidismo para nombrar a militantes de sus partidos en tales organismos.
De ahí que los ojos de la sociedad estarán esta semana sobre los diputados que deberán conocer el listado de los candidatos y el dictamen de las reformas electorales.
Los acuerdos a los que puedan llegar los representantes de las fuerzas políticas son vitales para la elección de los nuevos consejeros del CNE y magistrados del TJE.
Y mientras los políticos realizan sus negociaciones, desde la sociedad se demanda, casi a gritos, que en las mismas no prevalezcan los intereses partidarios. Que las decisiones tengan como único norte el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes de la República; a la institucionalidad y el sistema democrático.
