Garantizar la seguridad ciudadana sigue siendo la gran asignatura pendiente en Honduras, lo que se evidencia en la ola de violencia persistente que continúa arrebatándole la vida a centenares de personas.
Como ejemplo recordamos aquí que el pasado domingo la sociedad capitalina despertó conmocionada por el asesinato de dos hermanos, de apenas 20 y 25 años. Según investigaciones preliminares, los jóvenes fueron raptados el sábado en el sector de Mateo; horas más tarde, sus cuerpos fueron abandonados en la entrada de la residencial Altos del Trapiche, en una escena donde se contabilizaron al menos 25 casquillos de bala. Esta tragedia no fue aislada: el mapa de la violencia del fin de semana se extendió también a La Ceiba, Trujillo y Campamento, Olancho.
Si bien, las autoridades de Seguridad del gobierno anterior anunciaron “con bombos y platillos” la salida de Honduras de las listas de los países más violentos del mundo, la realidad nos sigue golpeando con hechos que enlutan muchos hogares a nivel nacional.
Algo, claramente, no se está haciendo bien. Es imperativo reconocer que la violencia actual es consecuencia de décadas de abandono estatal. Sin embargo, esto no exime a las autoridades vigentes de su responsabilidad; al contrario, las obliga a una revisión profunda de las políticas públicas. La inseguridad no solo destruye familias y siembra incertidumbre, sino que asfixia la economía al ahuyentar la inversión. Frenar la creciente ola de violencia requiere más que el simple endurecimiento de penas.
La solución demanda la aplicación rigurosa de la ley y, sobre todo, políticas de prevención que ofrezcan alternativas a la criminalidad. Al final del día, la verdadera victoria sobre la violencia no se medirá por una reducción estadística en la tabla de homicidios, sino por la libertad del hondureño para caminar por sus calles, emprender un negocio o ver crecer a sus hijos sin el peso paralizante del miedo
