En el marco de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno de Asfura, el Congreso Nacional aprobó la noche del pasado lunes un paquete de reformas penales contra la
extorsión, las maras, pandillas y el crimen organizado.
Entre las reformas aprobadas, que modifican artículos del Código Penal y Código Procesal Penal, resaltan las que elevan a la categoría de organizaciones terroristas a las maras, pandillas y otras estructuras criminales. Asimismo, se endurecen las penas por extorsión y se amplía la persecución penal a toda la cadena vinculada a este delito, incluyendo a quienes faciliten cuentas bancarias, movilicen o administren dinero ilícito.
La reforma también elimina una barrera procesal importante: el delito se considerará consumado aunque el criminal no logre cobrar. Es decir, según un análisis de EL HERALDO, ya no será necesario demostrar que la víctima entregó dinero o cumplió la exigencia; bastará con probar la amenaza y la intención criminal.
“Se crea un trabajo interinstitucional y en equipo, además de una planificación para luchar frontalmente contra la delincuencia. Después de varios años sin ofrecer mano dura, se exige poner orden y brindar seguridad al pueblo hondureño mediante medidas y acciones contundentes”, dijo el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
El paquete de reformas es recibido con optimismo por buena parte de la población, que a diario es víctima de estructuras criminales que operan casi en la total impunidad en el territorio nacional.
Sin duda, se requieren procesos que fortalezcan de manera integral la lucha contra la violencia, la inseguridad y el crimen organizado que tiene de rodillas a la sociedad hondureña. De ahí que también es imperativo que se fortalezca la investigación, la inteligencia y que se dote de tecnología a los cuerpos de seguridad; pero, esencialmente, que se debe trabajar en el combate de las causas principales de estos males, entre ellas la desintegración familiar, la exclusión económica y la corrupción.
