Los presupuestos de la República deben ser instrumentos de desarrollo. En los mismos se deben reflejar con responsabilidad y transparencia los destinos de los fondos de los que un pueblo pobre como el de Honduras dispone para el manejo de su Estado y sus necesidades prioritarias, y para ello, como plantean los economistas, se debe optimizar el uso de los recursos públicos en actividades que generen más utilidad social.
Preocupa que para el período fiscal del año 2019 se anuncie que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República será superior en un monto de 16,000 millones de lempiras al ejecutado en el actual período (al pasar de 245,149.9 millones de lempiras a 261,527.8 millones), y que ese aumento es en gran parte para cubrir las obligaciones contraídas por el Estado en deuda externa e interna.
El país no debe ni puede continuar con esa tendencia al alza en el tema de endeudamiento, en detrimento de los fondos que se destinan a sectores prioritarios como la salud, la educación y la seguridad social. Es prioritario que el Estado destine los fondos necesarios para reimpulsar el alicaído sistema educativo. La calidad del mismo no solo pasa por asignar las partidas para el personal docente y administrativo, sino también en mejoras de la infraestructura y la expansión de esos servicios, principalmente en las zonas más postergadas. Lo mismo en el área de la salud. El país demanda de más médicos, más medicinas. Más hospitales.
El país precisa de un análisis de los fondos de la tasa de seguridad y de la necesidad de redestinar esos fondos a programas de prevención de la violencia, la delincuencia. De la revisión de exoneraciones y que las mismas vayan a sectores productivos, a sectores que generan desarrollo a través de la creación de empleos de calidad.
Es cierto que somos un país pobre, pero los recursos con que se cuentan manejados de manera honesta y transparente, destinándolos a donde tienen que ir, que no se desvíen a las bolsas de unos pocos, servirán para atender las necesidades más sentidas de la población. El presupuesto no debe ser más un instrumento para perpetuar la pobreza que aflige a más del 64% de la población hondureña.
