El gobierno hondureño debió iniciar hace dos años el proceso de concesionamiento de tres de los cuatro aeropuertos internacionales con que cuenta el país pero no lo hizo. Ahora, a la carrera, como casi siempre sucede en el país, están queriendo resolver el entuerto.
Todos en el gobierno sabían que la concesión de 20 años otorgada a InterAiports para el manejo de los aeropuertos Toncontín de Tegucigalpa; Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula; Golosón, de La Ceiba, y Juan Manuel Gélvez, de Roatán, Islas de la Bahía, concluía el 29 de septiembre de 2020, pero el tiempo pasó como que no pasaba nada.
Ahora, a la carrera, y lo que es peor, en tiempos de pandemia, está, irresponsablemente, corriendo para entregar el manejo de las terminales de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán a un nuevo operador, sin importar las consecuencias que ello puede representar para el país a nivel internacional, incluyendo las certificaciones internacionales.
En los últimos días se ha hablado de entregar la operación de los aeropuertos a una sociedad de propósito especial que sería propiedad del Estado, pero tampoco se conocen detalles de ello y mucho menos su creación se ha oficializado. La sociedad tendría como propósito manejar las terminales hasta por un período de dos años, por mientras se abre un nuevo proceso de licitación de la millonaria concesión.
Lo sucedido solo deja al descubierto la negligencia monumental con la que ha actuado el Estado hondureño en este proceso.
¿Por qué, si sabían que la concesión estaba por terminar, no actuaron en tiempo y forma?
La respuesta solo la saben los actuales funcionarios gubernamentales, quienes, como ya se ha vuelto costumbre, se niegan a responder las interrogantes que saltan sobre la mesa.
La transparencia que debería mediar en todo acto público sigue siendo el talón de Aquiles de la administración pública y queda en evidencia una vez más en este caso, en el que están en juego las millonarias inversiones hechas hasta ahora en las terminales aéreas
