Para nadie es una novedad que Tegucigalpa se está quedando sin agua para consumo humano, como consecuencia de la sequía que agobia al país. Los racionamientos se agudizan, miles de hogares no reciben el servicio y miles más deben destinar un mayor presupuesto semanal para la compra del vital líquido.
Los niveles de las represas La Concepción y Los Laureles, principales abastecedoras de la capital, caen drásticamente cada día sin tregua y las pocas reservas están siendo racionadas.
Quienes cuentan con el privilegio de estar conectados a la red de distribución reciben el servicio apenas tres o cuatro veces al mes. Quienes no, deben recurrir a distribuidores privados que adquieren el agua en los puntos de abastecimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para luego revenderla a precios exorbitantes, castigando directamente el bolsillo de las familias con menores recursos.
La crisis trasciende a la capital. La agudización de la sequía en el interior del país impacta gravemente la agricultura, la seguridad alimentaria y las condiciones generales de vida de miles de hondureños.
No podemos desconocer que las autoridades municipales y el gobierno están tomando acciones para enfrentar la emergencia y hacer llegar ayuda a los más necesitados. Eso es fundamental.
Sin embargo, resulta prioritario que las mesas técnicas y especializadas aprovechen esta coyuntura para diseñar proyectos, políticas públicas y medidas estructurales que permitan al país enfrentar futuros fenómenos climáticos con mayor éxito.
Toda acción inmediata, a mediano y a largo plazo, debe mantener como norte una premisa indiscutible: el agua es un derecho humano fundamental, no un privilegio comercial ni una condena a la espera del clima.
