Concluyó ayer la gestión de Luis Redondo al frente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, la que pasará a la historia con las calificaciones más bajas en cuanto a productividad legislativa, con los más altos índices de polarización y de opacidad en el manejo de sus presupuestos, así como en la repartición indiscriminada de subvenciones, entre otros aspectos altamente cuestionados a lo largo de los cuatro años que permaneció en el cargo.
Las malas calificaciones no solo se las ganó con su accionar a nivel interno. Su mal gobierno trascendió las fronteras nacionales, tal cual se expone en la evaluación anual que realiza el organismo World Justice Project (WJP), que en 2025 lo colocó como el quinto país de América con el Poder Legislativo más corrupto y el tercero peor evaluado de la región centroamericana.Redondo se va del cargo con más pena que gloria y con la posibilidad de que se abran acciones judiciales en su contra para que responda por los abusos de poder que, en opinión de muchos, marcaron su gestión hasta el último minuto, cuando, por sobre sus obligaciones constitucionales, convocó a una sesión extraordinaria en la que con la participación de diputados del partido oficialista Libre aprobó un decreto legislativo en el que solicita un nuevo escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Hoy, los diputados debidamente electos y declarados como tal por el órgano competente, el CNE, deben reunirse por primera vez para la elección de la Junta Directiva provisional y con ello iniciar el largo camino a recorrer en los próximos cuatro años de gestión, bajo la expectativa ciudadana de que no repetirán los vicios cometidos hasta ahora por sus antecesores.
Los primeros pasos parecen ser positivos, tras el anuncio de los liberales y nacionalistas de un acuerdo base sobre leyes que el país requiere para adecentar su sistema electoral, estimular la inversión, la generación de empleo y la seguridad ciudadana, entre otros temas. Ojalá que así sea.
