Es la que denuncian los familiares de los dirigentes ambientalistas Juan Silva y su hijo Antonio, que fueron cruelmente asesinados hace dos meses en el cerro La Cruz de la aldea Las Botijas, Comayagua. “El tiempo pasa y no hay respuestas de los equipos del Ministerio Público”, señalan.
Pero el de Juan y su hijo Antonio no es el único caso que está impune. También está el de Juan López, ambientalista, defensor de los territorios, delegado de la Palabra de Dios y regidor municipal de Tocoa, asesinado hace ya más de siete meses.
“Preguntamos: ¿alguien del Estado nos puede informar del estado actual de la investigación sobre los hechores materiales e intelectuales?”, escribió en sus redes sociales el padre Ismael Moreno, una de las principales voces que claman porque la muerte de Juan López no quede impune.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registra entre 2020 y 2025 el asesinato de más de 60 defensores de los derechos humanos en Honduras, cuyos crímenes, en la mayoría de los casos, se mantienen en la impunidad, ya que el avance procesal de los casos nunca ha dado un esclarecimiento verdadero y preciso sobre lo ocurrido, lo que, advierten, “es un problema estructural que impacta negativamente en el goce efectivo de los derechos humanos y la vigencia del Estado de derecho”.
La impunidad en los casos aquí señalados, pero también en miles de casos más relacionados, por ejemplo, con la corrupción y el abuso de autoridad, es un pesado lastre que cargan los hondureños ante la evidente incapacidad de los organismos competentes no solo de investigar y castigar los crímenes, sino también en impulsar políticas de prevención encaminadas a garantizar la vida y los derechos humanos de los defensores del ambiente, en estos casos, y de la ciudadanía en general. El llamado de atención es para que actúen con diligencia; no hacerlo, incrementa los ya insoportables niveles de violencia que azotan a la sociedad hondureña y ponen en peligro la vida de más defensores del ambiente.
