La función pública se caracteriza en Honduras por la lentitud con la que acostumbran tratar los problemas que llegan a la mesa de los funcionarios.
Uno de estos casos está reflejado en la solicitud que desde hace más de un año han presentado los ejecutivos del Grupo Granjas Marinas (GGM) que opera el negocio de la crianza, producción y exportación de camarones, en la región sur de Honduras.
El GGM solicitó al gobierno hondureño la extensión de los beneficios del Regimen Especial de Zonas Libres (Zoli) -del que ya gozan sus divisiones: la Empacadora San Lorenzo (ESL) y Granja Marina Larvicultura (GML)-, no así Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), que opera más de 10,000 hectáreas de fincas de camarón de cultivo.
Pero la petición ha sido negada por la Secretaría de Desarrollo Económico, a pesar de que esta empresa es una de las principales generadoras de empleo en la región sur de Honduras.
Esa decisión pone en precario la expansión de la empresa, que ya ha anunciado el congelamiento de un plan de inversiones de 60 millones de dólares y no descarta el cierre de sus fincas camaroneras, lo que sin duda será un fuerte impacto para la ya deprimida economía de la zona sur y golpearía con fuerza a una importante fuente generadora de divisas del país.
El tan solo anuncio del cierre de las empresas debe poner en alerta a las autoridades gubernamentales, quienes ante el alto índice de desempleo que agobia a la población hondureña están obligados a preservar las fuentes
que ya existen.
Los funcionarios tienen que aprender a desburocratizar este tipo de procesos y actuar con celeridad y transparencia.
Se sabe que la Secretaría de Desarrollo Económico e incluso las autoridades de Finanzas cuentan con una opinión legal sobre este caso, un insumo sin duda importante para acelerar el paso en la resolución de este problema en base a lo que establecen las leyes de la República.
