Colombia vive una emergencia nacional severa provocada por un terremoto de magnitud 7.4 registrado ayer, lunes 10 de agosto, en la región occidental del país.
Los informes oficiales dan cuenta de que el sismo ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana, con epicentro en el departamento del Chocó (zona de San José del Palmar), lo que causó una sacudida destructiva en el occidente y centro del territorio nacional.
Las autoridades reportan de manera preliminar más de 110 personas fallecidas y cientos de heridos, señalando que las ciudades más golpeadas por pérdidas humanas e infraestructura son Pereira, Cali, Manizales y varios municipios del Valle del Cauca y Chocó.
Asimismo, se registraban preliminarmente más de 60 edificios colapsados, más de 1,500 viviendas afectadas o destruidas, deslizamientos en vías e interrupciones en los servicios de gas y energía en sectores del Eje Cafetero.
Frente a la catástrofe, es de resaltar la respuesta inmediata de la ciudadanía colombiana y el apoyo de la comunidad internacional, que no se hizo esperar, recordándonos que la solidaridad sigue siendo el mayor activo de la humanidad ante la adversidad.
La situación obligó al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, instalado tan solo tres días antes, a declarar el estado de emergencia nacional y volcarse en su totalidad a la atención de la crisis.
Sin duda, esta coyuntura exige a la nueva administración reformular sus prioridades políticas y enfocar sus esfuerzos en la reconstrucción y la asistencia integral a los damnificados.
De la celeridad, transparencia y empatía con que el Ejecutivo gestione este desastre dependerán no solo la recuperación de las regiones devastadas, sino también la certidumbre y el futuro de una nación resiliente que, a lo largo de su historia, ha sabido levantarse de sus épocas más oscuras.
