Los datos son oficiales, y alarman. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al 2023, la población mayor de 15 años de edad en Honduras alcanza en promedio 7.2 años de estudio, es decir que no concluyeron, si quiera, la educación básica, que es de nueve años.
Las cifras solo son el reflejo del abandono en que ha estado históricamente el sistema de enseñanza de Honduras, a pesar de que los presupuestos que se destinan a ese sector son, al menos en el papel, los más importantes en la distribución entre las secretarías de Estado, que se hace anualmente.
Esas cifras reflejan, además, que algo se está haciendo mal y ello debe obligar a las autoridades educativas a una revisión de los procesos, a afianzar los que están dando resultados y cambiar el rumbo de aquellos que no.
Porque, como plantean los expertos en estos temas, una baja escolaridad sumada a un sistema educativo que no propicia mejoras constituyen una gran amenaza para el desarrollo humano y económico de los hondureños.
Una mano de obra con bajos niveles educativos no le permite al país abrirse a inversiones que requieren de altas competencias cognitivas, principalmente en el campo tecnológico, que demanda de capital humano altamente calificado y de sistemas educativos robustos en la formación de profesionales con altas competencias técnicas.
Los bajos niveles de escolaridad además orillan a millones de jóvenes a seguir viviendo en la pobreza, con acceso a trabajos de baja calificación, mal remunerados, lo que al final fomenta la desigualdad social, pero también afecta negativamente la competitividad y el crecimiento económico del país.
El desafío es enorme: garantizar el acceso a educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes en edad escolar hasta que concluyan su ciclo educativo.
