Influencia astral
En diversas naciones se enfrentan fuerzas que buscan adecentar y transparentar sus sociedades mediante el rendimiento de cuentas y otras que tratan de impedir tal propósito.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales declaró non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, creada bajo el auspicio de la ONU, jurista Iván Velásquez, conminándolo a abandonar el país, acción que ha sido protestada por ese organismo mundial, la Unión Europea y Estados Unidos.
El Poder Judicial guatemalteco, por medio de la Sala Constitucional, ha fallado en el sentido de que el Ejecutivo no puede expulsar a dicho funcionario.
Tanto Velásquez como la Fiscal General guatemalteca, Telma Aldana, han aportado pruebas relativas a que el partido político que postuló al entonces candidato Morales no reportó donaciones anónimas durante la campaña presidencial de 2015, tal como estipula la legislación electoral, correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia decidir si levanta la inmunidad al mandatario.
Corresponde al más alto tribunal decidir si envía la petición solicitada por Velásquez y Aldana al Congreso Nacional, para que sea el Legislativo quien decida en última instancia.
Recuérdese que el antecesor de Morales en el cargo, General Otto Pérez Molina, debió renunciar a la Presidencia tras comprobársele que dirigía una red de altos funcionarios y prominentes empresarios que defraudaban al fisco, adulterando facturas.
Las masivas movilizaciones populares contribuyeron a su dimisión, junto a la de cercanos colaboradores incluyendo a la entonces vicepresidenta.
El hermano pueblo guatemalteco, que sufrió una dramática guerra civil que cobró la vida de al menos 200,000 personas y recién concluyó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz definitivos, enfrenta una gran desigualdad social y económica, violencia y narcotráfico, y merece gobiernos honestos y capaces en que el bien común sea el eje transversal y el quehacer fundamental de sus actuaciones.
Es de esperar que el actual enfrentamiento entre los poderes del Estado se resuelva conforme a Derecho.
