El 2025 ha sido un año letal para centenares de familias a las que la violencia les arrebató uno o más miembros. Entre las víctimas se cuentan niñas y mujeres de todas las edades, etnias y condiciones económicas, quienes perdieron la vida en diversas circunstancias. Generalmente, estos crímenes no son investigados debidamente por las autoridades competentes, lo que dispara el alto grado de impunidad que rodea a estos hechos.
Según los informes preliminares de organismos de derechos humanos y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hasta el mes de noviembre del año pasado se registraban más de 225 muertes violentas de mujeres y feminicidios.
Las mismas fuentes citan que el 53.5% de los hechos ocurrieron en espacios públicos, lo que refleja una alta exposición y vulnerabilidad de las mujeres fuera del hogar y que el arma de fuego sigue siendo el principal instrumento de muerte, utilizada en aproximadamente el 65% de los casos.
Desgraciadamente, el 2026 ha iniciado bajo la misma sombra. En apenas los primeros cuatro días del año, ya se reporta la muerte de cuatro mujeres: dos en Yoro, una en Olancho y otra en San Pedro Sula. Estas tragedias ratifican que la violencia no da tregua, manteniendo un promedio alarmante de una mujer asesinada cada día.
Lamentablemente, la muerte violenta de mujeres parece haberse normalizado en una sociedad hondureña que recibe, impávida, el reporte diario de estos crímenes.
A pocos días de que concluya el Gobierno de la presidenta Castro, se generan expectativas sobre cómo la nueva administración estatal abordará esta crisis. El Estado está obligado, hoy más que nunca, a ofrecer una respuesta integral y efectiva.
No se puede seguir de brazos cruzados, limitándose a contar víctimas. Es tiempo de actuar con contundencia.
