El servicio del transporte urbano e interurbano ha sido objeto en los últimos días de una serie de ataques armados que han acabado con la vida de varios de sus trabajadores.
Las víctimas no son los dueños de las unidades, son hombres que día con día luchan por obtener honradamente el sustento de sus familias.
Lo más lamentable de estos hechos es que suceden a plena luz del día, sin que las autoridades competentes tengan tiempo para accionar en defensa de esas vidas.
Se supone que estas personas están siendo víctimas de las bandas de delincuentes que se dedican al delito de la extorsión y del cobro del “impuesto de guerra” por parte de maras y pandillas que hasta se han repartido geográficamente la capital, Tegucigalpa, y otras ciudades de importancia en el interior del país, para cometer sus fechorías en contra de los transportistas, los empresarios, los comerciantes y en detrimento de la economía.
Este tipo de delitos comenzó hace años y se extendió incluso con el apoyo, en el pasado cercano, de miembros de los cuerpos de seguridad, y si bien hoy en día el gobierno cuenta con varias fuerzas policiales especializadas para hacerle frente a los delincuentes, estos siguen accionando casi a sus anchas.
Está claro que en la estrategia algo está fallando y eso obliga al presidente y sus cuerpos de seguridad a replantearse la estrategia de acción en contra de las bandas que atemorizan a la población. No es suficiente con decir que a los responsables de estos asesinatos se buscará hasta por debajo de las piedras. Tienen que encontrarlos y llevarlos a la cárcel, y con ello garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
Los cuerpos de seguridad están obligados a sacar de circulación a quienes han encontrado en la extorsión la manera más fácil de hacerse millonario, no importando quienes sean. Los delincuentes tienen que ser juzgados y enviados a las cárceles, como lo establecen las leyes de la república.
