Es de esperar que las decisiones que tome el gobierno den los resultados previstos. Que sobre las instancias que cree, ejerza control, les dé seguimiento y evalúe su desempeño en forma permanente. Entendido, claro, que esas decisiones responden a una bien diseñada estrategia, producto del análisis de la realidad y en atención a las demandas sociales.
Aunque los hondureños nos hemos hecho -o nos han hecho- extremadamente comprensivos, nadie debe confundirse: en el combate a la inseguridad, esperamos que las decisiones sí den los resultados previstos. Que aunque la integración de esas instancias sea desequilibrada, con neutrales y damnificados del poder ciudadano y ningún contragolpista, deben supeditarse a la legalidad.
Es necesario que desde la Presidencia de la República se defina la sinergia entre la profusión de entes destinados a contribuir con la seguridad ciudadana. Que se ponga orden. Que no los dejen solos. Que nadie crea que con un ente de esos puede hacer lo que se le antoje, lo que sus caprichos, rencores o complejos le señalen.
Sus integrantes deben sustraerse a la desorganización y si entre sus numerosas y grandes capacidades no cuentan con destrezas gerenciales, pues que busquen quién se las supla. Pero la pérdida de tiempo, la generación de inquietudes innecesarias en la población y la distorsión de los fines de su creación, tienen que evitarse. Han de ser formas de corrupción.
Lo que no se espera de esos entes es que para justificarse recurran a teatralidades, campos pagados, invasión de competencias ajenas, a la instrumentalización de la credibilidad de otras personalidades y que lo que no hagan es el trabajo encomendado.
Ha resultado penoso el desplante mediático con que nos ha decepcionado en su primera acción la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (o algo así). De tan grandes talentos que lo integran, en el colmo de la sencillez, lo que menos se espera es visión estratégica, creatividad y compromiso con Honduras. Y con lo que salen.
