La revelación por parte de EL HERALDO de los resultados de investigaciones realizadas al interior de la Policía Nacional, conocidos desde hace tiempo por todos los ministros de Seguridad y jefes policiales que hemos tenido pone en evidencia, una vez más, no solo el escandaloso nivel de corrupción y actividades delictivas en general que corroen al organismo constitucionalmente encargado de velar por la seguridad de la ciudadanía honrada sino también la falta de voluntad demostrada hasta ahora para realizar una auténtica depuración.
Más de dos años después del asesinato del hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, cuya investigación obligó a que oficialmente se hablara de la implicación de policías de diversos rangos –desde la cúpula hasta la base— en los más diversos y atroces actos criminales, ni siquiera se ha logrado que aquellos oficiales y agentes cuyos nombres aparecen repetidos en diversos informes e investigaciones o con abundantes denuncias hayan sido separados, puestos a las órdenes de la justicia y castigados.
Los documentos de las investigaciones a los que tuvo acceso EL HERALDO mencionan con nombre y apellido a los oficiales que dirigen bandas delictivas dentro de la Policía, así como los que han extraviado paquetes de droga incautada, los que han hecho operativos ilegales para arrebatar droga a los “narcos”, los dedicados al narcomenudeo, los violadores de cadetes en la Academia, los que protegen a oficiales y agentes que delinquen, los que uniforman a delincuentes, los cómplices en el lavado de activos, los involucrados en la fuga de detenidos y reos, los que les pasan armas, celulares y drogas a los presos; los que filtran información al crimen organizado; los que venden los expedientes y hasta los que han desfalcado las arcas de la institución policial.
Tanto los ministros de seguridad como las cúpulas policiales anteriores y actuales saben del resultado de estas investigaciones a unos 200 uniformados en las que se revela que a la misma Policía le han robado las armas, las municiones, los chalecos, las computadoras; han negociado las jefaturas, han ordenado tarifa a los agentes, les cobran a los policías una alimentación que no les dan, entre otras falencias.
Muchos de los oficiales implicados están actualmente saliendo con baja “honrosa” de la Policía Nacional. Si realmente se quiere combatir la delincuencia y la inseguridad, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas debieran actuar con una mayor celeridad, honestidad y contundencia.
