Opinión

Conveniencia o punto ciego

Lo que se aproxima por el punto ciego del ojo no es percibido. Algo similar pasa con acontecimientos de la vida nacional que ocurren año a año y que nuestra conciencia ciudadana no registra.

Uno de estos acontecimientos es el deterioro de las instituciones del gobierno de Honduras, resultado del tráfico de influencias originado mayoritariamente por diputados, jerarcas del partido en el poder y empresarios que financiaron la campaña eleccionaria.

La mala administración a que da lugar la contratación de personal que por influencias logra evadir los procesos de selección por competencia y mérito, empeora año a año y se agrava cada cuatro años al concluir las elecciones, independiente del partido ganador, momento en que el tráfico de influencias se consolida como el sistema que permite a los políticos premiar a sus activistas.

Este círculo vicioso es una de las principales razones de la incapacidad con que las instituciones del gobierno prestan sus servicios, de la corrupción y de la inequidad en la distribución de la riqueza.

Causa de la incapacidad porque propicia que cada año, sin llenar los requisitos de experiencia y conocimiento necesarios para su cargo, sea contratado un mayor número de servidores públicos.

De la corrupción, porque el pueblo paga con sus impuestos por un servicio que recibe mal, o peor aún, que para recibirlo debe pagar la consabida mordida a la que el empleado público cree tener derecho por el tiempo invertido en la campaña.

De la inequidad, porque los derechos y las oportunidades las aprovechan quienes pueden pagar los sobrecostos de cada trámite, aquellos que más tienen, lo que explica por qué el acceso a las oportunidades y a los recursos termina mayormente en manos de los más ricos, no porque estos sean malos sino porque el sistema así lo permite.

Este tráfico de influencias, que ha venido siendo perfeccionado a lo largo de los últimos 32 años, tiene otro efecto dañino, ya que en manos de políticos emergentes y movimientos inescrupulosos convierte en poderosa arma el reclamo, escuchado y bien visto por un pueblo que ya no quiere maltrato.

El desprestigio de las instituciones y de los partidos políticos es utilizado, por medio del reclamo y la denuncia, para eliminar las barreras de entrada a oportunistas que sin necesidad de ofrecer ninguna solución, ni mostrar capacidad de estadistas, critican y se comparan con éxito frente a gobiernos y partidos en los que la gente ya no tiene confianza. Esto es una amenaza a la gobernabilidad y a la democracia.

El pueblo, extenuado, ha rebasado su capacidad de indignación, no protesta ni entiende cómo llegamos a esta situación. ¿Será porque sucedió poco a poco, a lo largo de 32 años y se mantiene todavía en nuestro punto ciego?

Pero no todo lo que se omite es porque está en el punto ciego, existe la alternativa de que sea por conveniencia que omitimos reconocer el daño producido por el tráfico de influencias.

Así, puede que miembros de la sociedad civil y de la empresa privada, por el deseo de prestar o vender servicios o por la necesidad de mantener concesiones otorgadas por gobiernos pasados o por el deseo de obtener nuevas concesiones, restrinjan el señalamiento de lo incorrecto.

Que cooperantes y donantes prefieran mantener una cartera con altos volúmenes de desembolsos, garantizando nuevos programas, créditos y donaciones.

Y que los activistas que ayudan durante las elecciones se amolden al ciclo de empleo y desempleo, no por el sueldo sino por los beneficios colaterales que ya se han hecho suficientemente grandes y adecuadamente protegidos por la impunidad.

Pero hay esperanza, queremos que cambie este proceder y hay un incentivo al cambio. Los países que han desarraigado esta manera de hacer política alcanzaron grandes y perceptibles beneficios en el corto plazo.

También porque en el Gran Acuerdo Nacional hay una propuesta para recrear el Servicio Civil.

El resultado depende de un acuerdo de los partidos políticos para eliminar el tráfico de influencias, y de las organizaciones civiles para supervisar su cumplimiento y garantizar que sean únicamente los mejores quienes sirvan a Honduras.