Desde luego nos referimos al sistema educativo privado, que en dos semanas comenzará clases tal como terminó el curso pasado: por internet. Si repasamos las cifras del coronavirus de los últimos días, los contagios y las lamentables muertes aumentan de forma exponencial; así como vamos, en quince días —ojalá fuera diferente— los números serán espantosos.
Pudieron esperar. Grandes eventos en el mundo, que ya tenían costosas inversiones, desde los Juegos Olímpicos, encuentros académicos, conciertos, fútbol, béisbol y elecciones políticas quedaron para después. Recuperar en unos meses lo pospuesto, cuando haya remitido la furia del coronavirus, sería prudente, lógico.
Además del riesgo, la insoportable crisis sanitaria y el confinamiento obligado por la tragedia, han devastado la economía familiar: los despidos masivos, clausura de negocios y sueldos atrasados, elevan a la angustia y desesperación a quienes no han podido pagar mensualidades anteriores y ahora arremete el insalvable pago de matrículas.
La escuela privada no es un lujo en nuestro país, es la derivación de un sistema educativo público que desde los años 90 sufrió una perturbación corrosiva; un programa de ajuste estructural de la economía que privatizó todo, y destrozó el concepto de “bien común” que debería tener el gobierno. La educación estatal es imprescindible para superar la pobreza.
Como históricamente ha ido mal, no hay ni datos claros sobre la educación; pongamos que hay unos 24,000 centros educativos, algunos unidocentes y otros destartalados; quizás un 10% son privados, que suman unos 400,000 alumnos, cuyos padres —que tal vez fueron a la pública— ya no confían en un sistema deteriorado y se matan pagando cuotas.
No es que la escuela privada sea notablemente mejor que la pública, pero al menos hay clases y enseñan inglés, aunque en esencia toda la educación en nuestro país es mediocre; basta conversar con cualquier egresado del colegio para saber que —aunque sea bilingüe— tiene ínfimos conocimientos en ciencias, no digamos en arte, y apenas maneja su lengua materna para comunicarse. Eso se extiende hasta la universidad y, bueno... subdesarrollo, tercer mundo.
¿Qué dicen las autoridades? Nada. En el Congreso Nacional, donde deciden, los diputados resuelven sus propios negocios y trampas. Cuando los votos les recuerdan la educación, hablan de la pública —crucial porque atiende a los más pobres—, pero olvidan la gran cantidad de familias que sacrifican todo por cumplir, lo que por ley, es una obligación de Estado.
Algunas escuelas privadas, consecuentes con la tragedia, decidieron bajar un poquito los precios de matrículas y alguna mensualidad, porque también tienen sus propios compromisos de sueldos y alquileres; pero quizás ni eso alcance. Aquí merece la intervención del Estado, que al menos no desampare a las familias, y que la educación deje de ser una simple mercancía.
