Al igual que las elecciones de 2005 y 2017, las elecciones de 2025 -primarias y generales- serán recordadas como ejercicios maltrechos y de quiebre institucional. Y es que se experimentaron tantas vicisitudes que fueron un laboratorio “perfecto” de todo lo que no debe ocurrir en las elecciones de un país (al igual que el inefable fiasco republicano del último cuatrienio del Congreso Nacional).
Decíamos en la entrega anterior que, a pesar de la experiencia ganada en cuarenta y cinco años de organización y desarrollo de elecciones, hay vicios que se repitieron como resistente moho o mala hierba. Dificultades en la consignación y comunicación de los resultados de los escrutinios en y desde los centros de votación; cuestionamientos al proceso de totalización e información de la decisión colectiva desde el órgano administrador de las elecciones (el Consejo Nacional Electoral); desorden y retrasos en la gestión de los reclamos y boicot a los procedimientos de escrutinio especial. Todos los anteriores, sumados a los desfases en el cumplimiento de la planificación (cronograma), en su mayoría provocados o inducidos por negligentes representantes del oficialismo (partido Libre), y
-no puede dejar de mencionarse- la notoria ineficiencia de la empresa responsable de la informatización de los procesos.
Muchos de los problemas vividos en estas elecciones ya habían sido advertidos como latentes y de urgente corrección, en una prolija auditoría realizada a los comicios de 2021 que, sospechosamente, fue ignorada, de la misma manera en que se hizo con varias recomendaciones de las misiones de observación electoral (particularmente la de la Unión Europea). Si se hubieran enlistado oportunamente para su pronta atención, en vez de vanagloriarnos de una “elección ejemplar” que puso fin a la administración nacionalista, hubiéramos construido una “agenda ineludible” para su aplicación en el ciclo electoral 2022-2026. Sin embargo, poco o nada se habló de los ajustes indispensables en esos mismos años, aún y cuando tuviéramos varias voces
clamando por ellos en medios de comunicación y foros
ciudadanos.
Una vez más, se insiste en una necesaria ciudadanización de las juntas receptoras de votos, en la despartidización de los órganos electorales, en la redefinición de distritos electorales, en la revisión del sistema de representación proporcional, en la optimización de escrutinios y mecanismos de transmisión de resultados preliminares y gestión de las sumatorias finales... y en la cansina panacea de la “segunda vuelta”. No son las únicas, pues la idoneidad de los funcionarios electorales (de la cabeza hasta el nivel inferior) y un óptimo mecanismo de solución de reclamos y controversias precarizaron críticamente las elecciones de 2025. Lamentablemente, poco se habla de esto y de las lecciones aprendidas, mucho menos de escuchar a voces expertas de distintos sectores. Se dice que “quien hace un yerro, hace ciento” y he ahí los riesgos. (Continuará)
