Columnistas

Subsidio y derecho humano a la electricidad

El recibo de la energía eléctrica nos salía en cero. Nunca estábamos en casa y consumíamos menos de 150 kilovatios hora. Vivíamos en una residencial que no merecía el subsidio, hasta que se sectorizó, para beneficiar a sectores de escasos recursos. Fue hace más de una década, durante el gobierno de Manuel Zelaya.

Su esposa Xiomara Castro retomó la iniciativa como presidenta y la prometió en su toma de posesión; cinco días después envió la reforma al Congreso Nacional para auxiliar a más de un millón trescientos mil hondureños, que apenas subsisten con sus exiguos ingresos, y un pequeño ahorro puede significar la comida de hoy.

Casi casi olvidamos un detalle: el subsidio no se trata solo de solidaridad, como defienden unos; tampoco de populismo, como detractan otros; la electricidad está entre los derechos humanos, ahí donde la ONU reconoce derechos económicos, sociales y culturales, los que construyen la vida.

Es incomprensible y miserable la vida sin energía eléctrica... dirán, bueno, ¿y en las zonas rurales? Pues eso, son muy pobres. Con la electricidad se conservan los productos en el refrigerador y se cocinan en la estufa, como parte del derecho fundamental a una alimentación sana y nutritiva.

En los tiempos modernos, la cotidianidad social en la casa está enmarcada en el entretenimiento, particularmente a través de la televisión, la música; para algunos, la internet; y para unos pocos, los libros; el indispensable solaz, como parte de la salud mental y la mejora en la calidad de vida.

Y si nos ponemos minuciosos, también notaremos que la electricidad tiene que ver con la salud física de las personas, desde aliviar el sofoco del calor con un ventilador, calentar el agua para bañarse o la iluminación adecuada con una bombilla; para quienes siempre lo han tenido es tan normal que no entienden las carencias de otros. Falta empatía.

Diferentes estudios revelan el mínimo vital de electricidad que necesita una vivienda para cubrir sus necesidades básicas, en nuestra región, por ejemplo, coinciden en que podrían ser entre 150 a 220 kilovatios hora; aunque con tantos cortes hay quienes ahorran sin querer.

Entonces, tratándose de un derecho humano, el Estado está en la obligación de atenderlo y respaldar al que menos tiene. Y como alguien tendrá que pagar esa factura, estiman que serán los grandes consumidores, empresas, comercios, que trasladarán los costos a sus clientes.

Basándose en el principio de subsidiariedad, el gobierno también podría encontrar los espacios fiscales, ahorrar en gastos superfluos, para pagar la factura del subsidio, que alguien ha calculado en 300 millones de lempiras.

Para ustedes y para mí, suena a un montón de dinero, pero la cifra palidece cuando la comparamos con la monumental corrupción de todos los tiempos. Podría ser un buen inicio para la refundación del país.