Señor Presidente:
Me dirijo a usted por su nombre completo, Nasry Juan Asfura Zablah, no al apodo con el que una parte del país lo conoce, porque Honduras no está hoy ante un asunto de simpatía personal, sino ante una prueba de Estado. Usted fue juramentado el veintisiete de enero de dos mil veintiséis para gobernar hasta dos mil treinta, y desde entonces han transcurrido ciento treinta y un días completos, o ciento treinta y dos si se cuenta el día de su toma de posesión. En aquella ceremonia usted dijo que el reloj había comenzado a correr y que no había tiempo que perder. Esa frase fue correcta. Hoy debe convertirse en conducta de gobierno.
No pongo en duda su condición humana ni su trato afable. Honduras sabe reconocer a un hombre sencillo cuando lo ve. Pero la Presidencia de la República no es un ejercicio de cordialidad municipal ni una administración de gestos paternos. A un país atravesado por corrupción, crimen organizado, extorsión, pobreza, migración forzada y captura institucional no se le gobierna con buenos modales solamente. Se le gobierna con autoridad legítima, con decisiones verificables, con consecuencias para los culpables y con una señal inequívoca de que el Estado volvió a estar del lado del ciudadano honrado.
Usted recibió un mandato excepcionalmente difícil. La elección que lo llevó al poder fue estrecha, tensa y observada desde dentro y fuera de Honduras. También recibió un respaldo político de enorme valor desde Washington. El presidente Donald Trump lo apoyó de manera pública, y el entonces secretario de Estado Marco Rubio expresó la disposición de trabajar con su gobierno en prosperidad y seguridad. Ese respaldo no es un adorno diplomático. Es una oportunidad estratégica. Pero Washington no va a limpiar Honduras por usted. Estados Unidos puede abrir puertas, presionar redes criminales, apoyar comercio, seguridad e inversión; lo que no puede hacer es sustituir la voluntad política de Tegucigalpa.
La nueva relación con Estados Unidos debe entenderse con realismo. El alineamiento político no reemplaza resultados. La política arancelaria del gobierno de presidente Trump ha dejado claro que los países que no logran acuerdos significativos siguen expuestos a tasas adicionales, incluida la tasa general del diez por ciento para socios no incluidos en determinados anexos de negociación. Honduras no puede esperar trato preferencial solamente por afinidad ideológica. Debe ganárselo con seguridad jurídica, control del crimen, apertura económica, combate real a la corrupción y una política exterior que no juegue con la ambigüedad frente a China, el narcotráfico y las redes autoritarias del hemisferio.
Por eso esta carta debe ir al punto más incómodo: Hondutel. No hablo de Hondutel por oportunismo ni por novedad. Arcadia Foundation investigó y denunció desde dos mil siete un sistema de fraude, líneas grises, corrupción interna, extorsión y captura política dentro de la empresa telefónica del Estado. El informe de Arcadia documentó que, entre la segunda mitad de dos mil cinco y el mismo período de dos mil seis, los minutos internacionales reportados cayeron de más de trescientos seis millones a poco más de ciento cincuenta y un millones, mientras los ingresos bajaron de más de setenta millones de dólares a menos de veintitrés millones. Esa caída no era una estadística neutra. Era la señal de una hemorragia institucional.
En aquel expediente se identificaron trescientas cuarenta líneas grises en una secuencia inicial de reportes. Arcadia explicó entonces que llamadas internacionales estaban siendo desviadas para aparecer como tráfico local, reduciendo artificialmente lo que Hondutel podía cobrar y privando al Estado de ingresos legítimos. La propia documentación de Arcadia vinculó esas líneas con Cable Color, dentro de una trama donde telecomunicaciones, poder económico, influencia política y debilidad institucional se tocaban peligrosamente.
El problema no se limitaba a una irregularidad técnica. En el informe se describió cómo la atención pública se desplazó hacia operadores más pequeños, mientras actores con mayor protección política recibían un trato incomparablemente más benigno. Se registraron allanamientos, decomisos y cierres contra empresas menores que, en conjunto, manejaban menos líneas sospechosas que las atribuidas a Cable Color. Ese contraste sigue siendo una lección para cualquier gobierno que pretenda decir que combate la corrupción: no basta perseguir al débil para exhibir autoridad; hay que tocar al protegido, al conectado, al intocable.
La gravedad del caso quedó confirmada por consecuencias posteriores en Estados Unidos. LatiNode, una empresa de telecomunicaciones con operaciones vinculadas a Honduras, se declaró culpable en dos mil nueve por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y aceptó una multa penal de dos millones de dólares. Su exdirector ejecutivo, Jorge Granados, se declaró culpable de conspirar para pagar sobornos a funcionarios hondureños y fue sentenciado a cuarenta y seis meses de prisión. Los registros públicos estadounidenses describieron pagos indebidos a funcionarios de Hondutel, incluido el gerente general, un abogado senior y un ministro del gobierno hondureño que llegó a formar parte de la junta de Hondutel.
Y hay una herida que no puede ser tratada como nota de archivo. Alejandro Valentín Ricardo Laprade Rodríguez, testigo clave vinculado a las denuncias de Hondutel, se reunió con Arcadia en Washington el veintisiete de marzo de dos mil siete y entregó grabaciones relacionadas con una exigencia de cien mil dólares tras la incautación de Intelsoft. Después apareció muerto. Autoridades forenses confirmaron su identificación entre cuerpos calcinados. No afirmo aquí quién ordenó ni ejecutó ese crimen; afirmo algo que el Estado hondureño no puede seguir ignorando: cuando un testigo de corrupción termina asesinado y quemado, y la verdad no llega hasta el fondo, la impunidad deja de ser omisión y se convierte en pedagogía criminal.
Presidente Asfura, Hondutel no puede seguir siendo un cadáver administrativo al que cada gobierno le pone maquillaje contable. En los primeros cuatro meses de dos mil veintiséis, la empresa reportó pérdidas por cuarenta y nueve punto nueve millones de lempiras, con ingresos de doscientos cincuenta y siete punto siete millones y gastos de trescientos siete punto seis millones. Además, entre diciembre de dos mil veintiuno y diciembre de dos mil veinticinco, sus líneas fijas cayeron de doscientas dieciocho mil trescientas noventa y una a ciento cincuenta y dos mil setecientas setenta y dos, mientras los ingresos por telefonía se redujeron de seiscientos setenta y cinco punto cinco millones de lempiras a trescientos treinta y tres punto seis millones.
Esos datos dicen una sola cosa: Hondutel no está en crisis; Hondutel es una crisis que aprendió a respirar dentro del presupuesto público. Si la empresa pierde dinero, si sobrevive con transferencias del Ejecutivo, si funciona como agencia de empleo partidario, si paga salarios altos en medio de ruina financiera, si su sindicato bloquea decisiones de fondo, si no invierte en tecnología, si no tiene plan de reconversión, si la telefonía fija se desploma y las llamadas internacionales dejaron de ser el negocio que alguna vez sostuvo ingresos, entonces el gobierno tiene tres caminos honestos: rescatarla con cirugía real, vender activos con transparencia absoluta o liquidar lo que ya no tenga sentido económico. Lo que no puede hacer es dejarla pudrirse otros seis meses para que después las hienas del partido LIBRE digan que fue usted quien la destruyó.
La izquierda hondureña está esperando ese error. LIBRE y sus estructuras saben convertir cada omisión en bandera política. Si usted no actúa ahora, ellos no defenderán a Hondutel por amor al patrimonio nacional. La usarán como prueba de su supuesta incapacidad. Dirán que usted recibió una empresa recuperable y la entregó arruinada. Dirán que su gobierno abrió la puerta a privatizaciones improvisadas. Dirán que todo fue culpa suya, aunque la podredumbre venga de lejos. La única forma de impedir esa manipulación es tomar la iniciativa antes de que el relato lo tome a usted.
La primera decisión debe ser una auditoría forense independiente, no una revisión burocrática hecha por los mismos circuitos que han convivido con el deterioro. Debe examinar tráfico internacional histórico, contratos, interconexiones, nómina, compras, deuda, cuentas por cobrar, responsabilidades ejecutivas, interferencia sindical, activos tecnológicos y cualquier rastro de líneas grises, tráfico irregular o acuerdos preferenciales. Esa auditoría no debe terminar en un informe decorativo. Debe terminar en denuncias penales, recuperación de activos, separación de funcionarios, protección de testigos y una decisión estratégica sobre el futuro de la empresa.
La segunda decisión debe ser política: Hondutel no puede seguir siendo botín del partido de turno. Si la empresa continúa operando como refugio de activistas, caja de favores, vitrina de sueldos y plataforma de negocios particulares, no habrá tecnología capaz de salvarla. La corrupción no siempre roba con una bolsa en la mano. A veces roba con nómina, con silencio, con contratos opacos, con tarifas mal diseñadas, con equipos obsoletos, con gerentes sin visión y con sindicatos que hablan de derechos mientras defienden privilegios en una institución quebrada.
Pero Hondutel es solo un síntoma. El desafío mayor es la seguridad. Honduras sigue siendo un punto crítico para el tránsito de cocaína hacia el norte, con rutas marítimas y aéreas que pasan por zonas como La Moskitia, y con redes criminales que operan sobre extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y colaboración con estructuras transnacionales. El Índice Global de Crimen Organizado coloca a Honduras entre los países con criminalidad más alta del hemisferio, con puntuaciones particularmente graves en extorsión, mercado de cocaína y actores estatales incrustados.
El país necesita mano firme, pero no arbitrariedad. Mano firme no significa militarizar sin control, atropellar inocentes ni reemplazar justicia con espectáculo. Significa que el extorsionador debe temer al Estado más que el comerciante teme al extorsionador. Significa que quien cobra “impuesto de guerra” debe perder libertad, bienes, movilidad, comunicaciones y protección política. Significa que la Policía, el Ministerio Público, la inteligencia financiera, los jueces y el sistema penitenciario deben funcionar como un solo cuerpo contra el crimen organizado, no como oficinas aisladas que se culpan entre sí mientras los delincuentes gobiernan barrios, rutas y mercados.
Usted debe tomar una lección de Bukele sin copiar sus desaciertos ni importar su estética. La ciudadanía no pide discursos académicos sobre seguridad. Pide que sus hijos regresen vivos, que su negocio pueda abrir, que el transporte no pague renta criminal, que el campesino no sea rehén de invasiones manipuladas, que el productor no pierda la tierra por miedo y que el joven no sienta que la única salida es cruzar México. La seguridad ciudadana no es un tema sectorial. Es la condición física de la libertad.
Sin seguridad ciudadana no habrá inversión. Sin seguridad jurídica tampoco. Honduras no puede atraer capital serio mientras los permisos sean un laberinto, los jueces una incertidumbre, la propiedad una apuesta y la burocracia una forma lenta de expropiación. El inversionista no pide favores; pide reglas. El pequeño productor no pide discursos patrióticos; pide no ser aplastado por contrabando, importaciones desleales, impuestos mal diseñados, crédito inexistente y funcionarios que tratan al emprendedor como sospechoso.
La diáspora hondureña merece una mención especial. Las remesas han sido una columna de supervivencia nacional. El Banco Mundial registró que en dos mil veinticinco el superávit de cuenta corriente estuvo impulsado por remesas históricamente altas y exportaciones de café, y que en dos mil veinticuatro las remesas representaron una porción enorme del producto interno bruto hondureño. Esa diáspora no debe ser tratada como cajero automático de una patria que expulsa a sus hijos. Debe ser convocada como reserva moral, financiera y cívica de reconstrucción.
También debe hablarse de China sin ingenuidad. Honduras abrió relaciones con Pekín en dos mil veintitrés después de romper con Taiwán. Usted prometió restaurar relaciones con Taiwán, y Estados Unidos vio esa orientación como parte de un reacomodo regional. Pero mientras se define esa política exterior, productos chinos entran con fuerza en mercados sensibles y golpean a pequeños y medianos productores que no pueden competir contra escalas, subsidios, cadenas logísticas y prácticas comerciales opacas. La relación con China no ha producido para el hondureño común una transformación productiva proporcional a sus riesgos geopolíticos.
La política exterior no puede ser una vitrina. Si Honduras se alinea con Estados Unidos y con el mundo libre, debe hacerlo con beneficios concretos: comercio, inversión, tecnología, seguridad, cooperación anticorrupción, acceso preferencial y defensa de sus productores. Si revisa la relación con China, debe hacerlo con método, no con gesto. Si busca apoyo de Washington, debe mostrar que ya comenzó la depuración interna. Ningún aliado serio respeta a un gobierno que pide ayuda mientras tolera la corrupción que puede combatir. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en Honduras en este momento.
Tampoco puede permitir que LIBRE y sus brazos corporativos le dicten el ritmo del Estado. Los maestros tienen derecho a exigir. Los médicos tienen derecho a reclamar. Los campesinos y grupos étnicos tienen derecho a ser escuchados. Pero ningún gremio tiene derecho a convertir escuelas, hospitales, carreteras o tierras productivas en instrumentos de chantaje partidario. Si durante la administración anterior muchas de esas cúpulas guardaron silencio y ahora descubren una vocación repentina por la protesta, el gobierno debe responder con dos armas: cumplimiento serio de lo que sea justo y firmeza absoluta contra la manipulación política.
El talón de Aquiles de su gobierno, Presidente, no es solo la oposición. Es la lentitud. La burocracia mata presidencias sin necesidad de golpearlas. Las desgasta por dentro. Cada expediente detenido, cada nombramiento mediocre, cada ministro que no decide, cada institución que comunica tarde, cada crisis respondida con frases vagas, cada promesa sin calendario, le roba autoridad al Presidente. Usted no puede gobernar con una administración que parece pedir permiso para existir.
Necesita un gabinete de crisis, no un gabinete de acomodo. Necesita ministros que ejecuten, no administradores del miedo. Necesita una estrategia de comunicación que no maquille, sino que explique decisiones duras antes de que sus adversarios las deformen. Necesita hablarle al país con gravedad, no con eslóganes. Y necesita poner fechas públicas: cuándo se interviene Hondutel, cuándo se presenta la auditoría, cuándo se separan funcionarios, cuándo se remiten expedientes al Ministerio Público, cuándo se anuncia el plan de seguridad, cuándo se revisa la política frente a China, cuándo se presenta el paquete de seguridad jurídica e inversión.
Honduras no le está pidiendo perfección. Le está pidiendo dirección. No le exige milagros en ciento treinta días, pero sí señales inequívocas. La señal no puede ser una fotografía ni una reunión. La señal debe ser que alguien poderoso pierde protección. Que una empresa estatal deja de ser refugio de activistas. Que un criminal de extorsión pierde su red financiera. Que un corrupto ya no duerme tranquilo. Que un testigo sabe que el Estado no lo abandonará como abandonó a tantos. Que el productor siente que alguien lo defiende. Que la diáspora ve un país al que vale la pena ayudar porque por fin se está ayudando a sí mismo.
Presidente Asfura, la historia política es cruel con los hombres buenos que no se atreven a mandar. Los recuerda como personas amables, no como gobernantes necesarios. Usted todavía está a tiempo de escoger otra ruta. Pero el tiempo ya no es promesa; es medida. Honduras necesita que usted deje de ser interpretado y comience a ser obedecido por los corruptos, por los criminales, por los burócratas inmóviles y por los grupos que creen que el Estado les pertenece.
Hondutel debe ser el primer mensaje. Seguridad debe ser el segundo. Justicia debe ser el tercero. Inversión debe ser el cuarto. Y todos deben decir lo mismo: se acabó la Honduras donde el ciudadano honrado vive de rodillas y el corrupto negocia de pie.
Con respeto, pero con absoluta firmeza,
Robert Carmona-Borjas
Arcadia Foundation
Washington, D.C., junio de dos mil veintiséis.
