Una persona querida me pregunta desde España cómo están las cosas en nuestro desahuciado país. Entre las malas nuevas le sorprende que el actual gobierno anuncie despidos masivos de empleados públicos -como le extrañaría a un estadounidense, a un neerlandés, a un japonés y hasta a un chileno- porque no es una práctica del mundo civilizado, sino una característica tercermundista.
También le exigieron a la presidenta Xiomara Castro que cancelara a todos los nacionalistas empleados de administraciones anteriores. Hubo despidos, según registros, hasta un 30 por ciento, que para las bases de Libre -y según lo acostumbrado- fueron muy pocos, y acusan a los que quedaron de boicotear al gobierno y ahora que regresó su partido, de verdugos de sus propios compañeros. Los llaman “mapaches”.
Para mal, es un juego de suma cero, es decir, la ganancia total de un partido es la pérdida absoluta del otro. El triunfador electoral asume el poder como premio y no como el desafío de mejorar las infaustas condiciones del país y generar desarrollo, y castiga al gobierno saliente echando a su personal. Eso sí, la barrida de empleados traerá implacables protestas, tomas, huelgas, caos.
Pero esta vez el revanchismo político tiene matices insufribles, exacerbados por la despiadada polarización de los hondureños. Con sus últimas acciones, los nacionalistas no parecen interesados en usar las herramientas del Estado para gobernar, generar esperanza, prosperidad y paz, sino para desmantelar a su rival -el partido Libre- y blindarse de actuales y futuras imputaciones.
El primer zarpazo fue a la Corte Suprema de Justicia, en una descarada intervención del Congreso Nacional, al restarle atribuciones a la presidencia de esa institución, y falta más. El Legislativo aparenta otra vez ser la mayor concentración de rufianes y de maniobras para abusar del poder, enriquecer a unos cuantos y asegurar la impunidad.
La captura institucional incluye -cómo no- al Ministerio Público, y el camino rápido es un juicio político contra el fiscal general y poner uno a su medida. Para eso han instruido a todos sus secuaces de mantener una campaña permanente de desprestigio. La prioridad de este grupo es neutralizar la Fiscalía y que paren las investigaciones, como lo hicieron en sus gobiernos anteriores.
Para cerrar el círculo, el plan abarca al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tantos beneficios les ha dado. Pues, ahí también conspiran con un juicio político que llaman “justicia”, para colocar a otros que les hagan los mandados, sobre todo al cuestionado Tomás Zambrano, que extraños grupos pusieron a presidir el Congreso y ya lo tienen codiciando la silla que “Tito” Asfura ni ha terminado de calentar.
En teoría, seguiremos demostrando al mundo debilidad institucional y conducta de “república bananera”, ahuyentando la inversión; en la práctica, Honduras seguirá siendo casi el país más pobre de América.
