Confiando en que prevalecerá la Ley y el interés general, el Congreso Nacional dará curso inmediato a la renuncia de la Consejera Hall, así como que la otra inquietud ciudadana también será solventada con apego a la ley: en septiembre asumirá la presidencia del CNE el consejero liberal. Sin más zozobra.
La Ley Electoral (Decreto 35‑2021) en su artículo 13, manda que la presidencia del órgano electoral será rotativa anualmente y según acuerdo tomado en el primer Pleno. Los chantajes para impedir que el Partido Liberal asuma la próxima presidencia del CNE deben ser borrados del quehacer político y asegurarse, por parte de la facción del PLR en el poder, el respeto a la legalidad, a la representación política plural y a la institucionalidad electoral. En esa sesión inicial del actual Pleno del CNE, realizada el 13 de septiembre del 2024, los tres consejeros, López Osorio, Hall y Ochoa, suscribieron por unanimidad, la Resolución Administrativa en la que dejaron establecido el orden de precedencia de la presidencia del CNE. Tal Acuerdo tiene fuerza de ley al interior de la institución que lo emitió de conformidad a la Ley Electoral y a su Reglamento Interno.
Es sin ápice de duda, un acto claro, legítimo y vinculante, o sea, de cumplimiento obligatorio. La representación institucional está salvaguardada: no son las personas quienes detentan la representatividad misma, sino la institución, en este caso, el Partido Liberal, para efectos de asumir la presidencia CNE en septiembre. El tratar de impedir el cumplimiento de la resolución administrativa en referencia, la vulneraría, igual que el principio de rotación anual y el derecho político de representación del Partido Liberal. Es obligación acatar la resolución administrativa que define la rotación y precedencia de la presidencia del CNE. El Congreso Nacional debe defender la institucionalidad del CNE, debe hacer lo propio para restaurar su funcionamiento normal y tiene que garantizar la equidad en el proceso electoral.
