Nadie puede estar por encima de la ley. Los cargos públicos no pueden ser un blindaje de impunidad. El Poder Legislativo no dispone de potestades ilimitadas, ni las que tiene le permiten interpretar la Carta Magna y las leyes bajo un prisma particular. Los funcionarios públicos están obligados a la rendición de cuentas, no pueden rehuirla ni molestarse porque se les exija.
El ordenamiento jurídico es el marco de la labor del servidor público y, por cualquier hecho fuera del mismo o simple transgresión a la ley, debe responder ante los órganos jurisdiccionales. Los actos ilegales del servidor público deben tener consecuencias jurídicas. Es la forma de proteger el Estado de derecho.
El Ministerio Público ha presentado Requerimientos Fiscales en contra de la Comisión Permanente del Congreso Nacional 2022-2026. La ciudadanía observó la arbitrariedad de este grupo de diputados dirigido, de derecho, por un congresista desquiciado y, de hecho, por el coordinador de su partido antidemocrático, el PLR. Se les debe garantizar el debido proceso, respetar la presunción de inocencia, pero el proceso penal debe seguir su curso. No pueden quedar en la impunidad. Como si no se erigieron en amenaza a la democracia y no delinquieron en su contra.
La ilegalidad tiene consecuencia jurídica. En contrario, la función pública se condiciona a la opción injusta de ejercer el poder transgrediendo la ley y sin consecuencias. Ser atacados por obligados a protegernos. Castigo disuasivo para evitar actos ilícitos futuros.
No se celebra la persecución penal a estos ciudadanos. Ojalá no estuvieran en este trance. Es inevitable y necesario para cuidar nuestra democracia. No es posible que continúen las condiciones que posibiliten que la confusión de servidores públicos pueda arrastrar a toda una nación a la ilegalidad y, por tanto, a la ingobernabilidad.
Que nadie quede tentado a repetir esas conductas de barbarie jurídica. Pudieron lograr su objetivo: arraigarse en el poder en contra de la voluntad popular.
