La discusión sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ha estado marcada durante años por posiciones políticas y jurídicas que, en muchos casos, han impedido un análisis objetivo de sus resultados.
Sin embargo, más allá del debate legal que continúa en distintas instancias, la realidad demuestra que cuando existe inversión de largo plazo, seguridad jurídica y reglas claras, el resultado suele traducirse en empleo, innovación y crecimiento económico.
El caso de Próspera, en Roatán, es un ejemplo que merece ser analizado con serenidad. En los últimos años ha logrado atraer inversiones orientadas a la investigación, la biomedicina, el desarrollo tecnológico, la construcción de infraestructura, los servicios financieros especializados y el emprendimiento internacional.
Estas actividades han generado empleo directo e indirecto para hondureños, dinamizando la economía local y creando nuevas oportunidades para profesionales, técnicos y pequeñas empresas proveedoras.
Al mismo tiempo, los proyectos anunciados para Satuyé, en La Ceiba, representan una apuesta de gran magnitud para el litoral atlántico. Si estas inversiones se desarrollan dentro de un marco jurídico claro, respetando plenamente la Constitución, la soberanía nacional, la legislación laboral, ambiental y tributaria de Honduras, pueden convertirse en un importante motor de desarrollo para una región que durante décadas ha esperado inversiones transformadoras.
La experiencia internacional demuestra que el capital busca certeza jurídica. Ningún inversionista compromete cientos de millones de dólares si existe incertidumbre permanente sobre las reglas del juego.
Por ello, resulta positivo que el gobierno muestre apertura al diálogo y a la búsqueda de soluciones que permitan encontrar un camino de legalidad y estabilidad para proyectos de esta naturaleza.
Es evidente que existe un litigio internacional que debe atenderse con responsabilidad. Pero también es evidente que los procesos de negociación ofrecen espacios para construir acuerdos que protejan el interés nacional sin cerrar las puertas a inversiones que pueden generar riqueza, empleo y transferencia de conocimiento. El objetivo no debe ser que Honduras gane un conflicto político; debe ser que gane oportunidades de desarrollo.
Lo importante es evaluar estos proyectos por sus resultados y no por prejuicios ideológicos. Si una inversión cumple la ley, respeta la institucionalidad del país, genera empleos formales, impulsa la innovación, fortalece la infraestructura y contribuye al crecimiento económico, merece ser analizada con criterios técnicos y no con pasiones políticas.
Honduras necesita atraer más inversión, no menos. Compite con países de Centroamérica y del Caribe que ofrecen condiciones cada vez más favorables para el capital internacional. Rechazar proyectos sin un análisis objetivo significaría renunciar a oportunidades que otros países aprovecharían de inmediato.
El verdadero desafío consiste en construir un marco legal moderno que otorgue confianza a los inversionistas y, al mismo tiempo, garantice la plena defensa de la Constitución, la soberanía nacional y los derechos de los hondureños. Cuando ese equilibrio existe, la inversión deja de ser una amenaza y se convierte en un instrumento para generar prosperidad, empleo de calidad e innovación.
