Desde 2009 hasta el 2021, el saldo total de la deuda pública pasó de US$3,677 millones a US$15,679 millones. Entre pagos y nuevos préstamos (centenares de millones), el saldo de la deuda se multiplicó en más de cuatro veces. Pero la historia no acabó allí. Entre esos dos momentos, prácticamente de cada lempira pagado en impuestos por la población, se pasó de utilizar 3.5 a 16.5 centavos de cada “desplumada” unidad monetaria solo para el pago de intereses. Si hablásemos del pago total del servicio, o sea, sumando a los intereses la amortización del capital principal, de cada lempira pagado en impuestos, se incrementó al doble la cantidad de centavos en el período señalado.
No nos excedemos al insistir en la situación de sobreendeudamiento público de Honduras. Nos debe inquietar el presente, pero, más nos debe alarmar el futuro. Al avanzar las primeras semanas de 2025 y, a falta todavía de la publicación oficial a diciembre de 2024, los datos a septiembre de ese año, nos llevaron a pronosticar que aun asumiendo números conservadores, el saldo de la deuda pública por lo menos alcanzaría los 17 mil millones de dólares al finalizar 2024, para abreviar, digamos US$17 millardos.
Declaraciones del actual ministro de Finanzas, Christian Duarte, brindadas en un medio afín al gobierno, han confirmado que el saldo de la deuda gira en torno a los 17 millardos de dólares estadounidenses. Casi seguro que en la medida que transcurra este sacudido año, comprobaremos que el saldo alcanzará todavía más altos niveles. Me adelanto a decir que en 2026 tendremos más sorpresas. Ojalá nos equivoquemos.
Confirmado, también, que no es cierto que la administración Castro haya recibido del régimen anterior un saldo de deuda de 20 millardos de dólares. En estos casos, las cifras nominales no hacen una diferencia sustancial, pero, los números deben corresponder a la realidad para neutralizar intentos de manipulación de la opinión pública. Me temo que estamos en una coyuntura en la que decir la verdad corre el riesgo de ser calificado como traición o prejuicio.
Solo el endeudamiento público interno experimentó un brutal incremento desde unos L12 millardos (1 millardo igual a mil millones) hasta aproximadamente, L60 millardos en la administración Lobo Sosa (incluyendo los 5 o 6 meses del gobierno de facto de Roberto Micheletti). Esa administración concluyó su periodo con un enorme déficit fiscal (8% del PIB) que sirvió para justificar la aplicación de un paquetazo fiscal a finales de 2013, en la transición a la nueva administración de Hernández.
Ese paquete de medidas consistió en el incremento de los impuestos indirectos como el impuesto general sobre ventas del 12% al 15%; hasta el 18% o más, para gravar el consumo selectivo (bebidas embotelladas, licores, cigarrillos, etc.). Además, se impuso el aumento a los impuestos a los derivados del petróleo. Desde esos años se viene cobrando altos impuestos y, al mismo tiempo, aumentando los niveles de deuda tanto interna como externa. Lastimosamente, nada de eso cambió en lo absoluto con la administración Castro. Se perdió gran oportunidad histórica para hacer justicia tributaria.
Todos estos gobiernos discursaron y siguen hablando de “reperfilar” la deuda. Pagaron compromisos heredados, pero continuaron endeudando al país. Cada gobernante dejó un saldo mayor que sus antecesores. Si de verdad hubiesen tenido la determinación de reperfilar el endeudamiento, no hubieran contratado excesivos préstamos.
Pareciera que adrede aumentaron la deuda financiera y también la deuda social
