Un reciente informe del Banco de España, divulgado por el diario El País, advierte que los gobiernos latinoamericanos están colocando la seguridad ciudadana por encima del desarrollo económico y social. Honduras parece avanzar en esa dirección, planteando una interrogante fundamental: ¿podemos combatir sosteniblemente la delincuencia sin combatir también sus causas económicas y sociales?
Desde enero, el Gobierno y el Congreso Nacional han impulsado reformas penales y nuevas iniciativas para endurecer las penas, ampliar mecanismos de detención y fortalecer el sistema penitenciario. La reciente visita del presidente del Congreso a El Salvador, para conocer el modelo carcelario del CECOT, confirma el interés por profundizar esta estrategia.
Nadie puede desconocer la necesidad de enfrentar con firmeza las maras, la extorsión y el narcotráfico. La seguridad es indispensable para atraer inversiones y garantizar tranquilidad. Sin embargo, construir cárceles y aumentar penas no sustituye una política de desarrollo.
Aquí aparece una de las principales debilidades del actual equipo de gobierno: la insuficiente articulación de una estrategia nacional de desarrollo económico y social, con objetivos, prioridades, responsables y resultados medibles.
Honduras necesita mucho más que decisiones económicas aisladas. Requiere una coordinación efectiva entre la política monetaria, fiscal, cambiaria, de inversión productiva, empleo y protección social. Estas políticas deben responder a una misma estrategia de crecimiento sostenible y reducción de la pobreza.
El Banco Central administra instrumentos monetarios y cambiarios; Finanzas define prioridades presupuestarias; otras instituciones promueven inversiones y desarrollo productivo. Pero ¿quién coordina integralmente estas decisiones? ¿Dónde están las metas nacionales de generación de empleo, productividad, inversión y reducción de la pobreza?
Una política monetaria que encarece el crédito, sin coordinación con instrumentos de financiamiento productivo, puede limitar oportunidades para pequeños empresarios y agricultores. Una política fiscal concentrada en administrar recursos, sin suficiente inversión estratégica, difícilmente transformará las condiciones sociales. La ausencia de oportunidades laborales, educación pertinente, financiamiento y movilidad social aumenta la vulnerabilidad de muchos jóvenes frente al reclutamiento criminal. Esto no justifica sus delitos, pero demuestra que la prevención también exige inversión económica y social.
El Gobierno debería establecer una instancia de coordinación del desarrollo económico, con participación del Banco Central, Finanzas, desarrollo económico, inversión, las instituciones productivas y el sector privado, respetando sus competencias y autonomía. Su responsabilidad sería articular políticas, identificar inversiones prioritarias y evaluar resultados.
Paralelamente, necesitamos programas territoriales de empleo juvenil, formación técnica, emprendimiento, financiamiento agrícola y protección social focalizada, especialmente en comunidades vulnerables al crimen organizado.
La seguridad requiere policías, justicia y cárceles eficientes. El desarrollo requiere planificación, inversión, empleo y oportunidades.
Honduras necesita ambas políticas. Porque encarcelar delincuentes protege a la sociedad, pero generar oportunidades contribuye a evitar que nuevas generaciones ingresen al crimen.
