El reciente acuerdo técnico alcanzado entre el Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la cuarta y quinta revisión del programa económico firmado en septiembre de 2023 representa mucho más que un nuevo desembolso financiero. También confirma que el país sigue dependiendo de un ancla internacional de estabilidad macroeconómica en medio de un contexto global complejo, marcado por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias y altos precios del petróleo.
El acuerdo original, suscrito en septiembre de 2023 bajo el Servicio de Crédito Ampliado (SCA) y el Servicio Ampliado del FMI (SAF), contempló un programa de aproximadamente 823 millones de dólares a 36 meses. Durante el Gobierno de Xiomara Castro se realizaron las primeras tres revisiones y el país recibió desembolsos acumulados cercanos a 480 millones de dólares, permitiendo fortalecer reservas internacionales, estabilizar las finanzas públicas y mantener cierta confianza externa en la economía hondureña.
Ahora, con la cuarta y quinta revisión, el FMI ha anunciado que Honduras podría acceder a otros 245 millones de dólares una vez que el Directorio Ejecutivo apruebe formalmente el proceso a finales de junio. El organismo destacó aspectos positivos como el crecimiento económico resiliente, la acumulación de reservas internacionales por encima de los 11,600 millones de dólares y la disciplina fiscal.
También resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la gobernanza, las reformas en la ENEE, la focalización de subsidios y el cumplimiento de estándares del GAFI.
Sin embargo, más allá de los reconocimientos técnicos, las tareas pendientes siguen siendo enormes. Honduras necesita construir un verdadero Programa Económico Integral que conecte política fiscal, monetaria, cambiaria, inversión pública y atracción de capital privado. No basta únicamente con aprobar presupuestos o programas monetarios; se requiere una estrategia nacional de crecimiento productivo, empleo y competitividad.
Uno de los temas más delicados es la visión restrictiva que históricamente ha tenido el FMI sobre los fideicomisos públicos. En este punto, considero que Honduras debe tener una posición más equilibrada. Es cierto que durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández muchos fideicomisos públicos tuvieron serios cuestionamientos de transparencia y ejecución, especialmente cuando eran manejados con poca supervisión y excesiva discrecionalidad. Pero tampoco puede llegarse al extremo de satanizar completamente esta herramienta financiera, valga destacar que la mayoría fueron ejecutados por banca pública, Banhprovi y Banadesa.
Los fideicomisos públicos bien estructurados pueden convertirse en instrumentos modernos de ejecución eficiente del gasto, desarrollo de infraestructura y manejo transparente de proyectos estratégicos. Países como República Dominicana han utilizado fideicomisos públicos con éxito para proyectos turísticos, infraestructura vial, vivienda y alianzas público-privadas, generando mayor capacidad operativa del Estado.
El problema no es el fideicomiso en sí mismo, sino la ausencia de controles, transparencia y rendición de cuentas. Honduras necesita aprender de los errores del pasado, no cerrar herramientas que pueden ser útiles para modernizar la administración pública y acelerar proyectos de desarrollo nacional.
