En Honduras existe una paradoja histórica territorial. Con una extensión de 11.2 millones de hectáreas, el país cuenta en el papel con un esquema de distribución entre tierras nacionales, ejidales y privadas. Sin embargo, en la práctica cotidiana, la ausencia de un catastro nacional cerrado transforma la geografía jurídica en un escenario de impunidad, donde la superposición de títulos, las invasiones organizadas y el irrespeto a la ley amenazan la seguridad jurídica, la soberanía ambiental y la paz social.
El diagnóstico revela la magnitud del desorden: un 33% de tierras nacionales y un 10% de ejidales conviven con una propiedad privada que oscila entre el 48% y el 52%. Esta estructura soporta un margen de traslape e inconsistencia de hasta un 12%. No se trata de un desfase técnico en un mapa, sino del reflejo de décadas de titulación desordenada, escrituras coloniales inconclusas y vacíos institucionales que han alimentado la rapiña territorial ante la mirada indolente del Estado.
El síntoma de este desacato se observa en los ecosistemas costeros del Atlántico y del Golfo de Fonseca. El Artículo 103 constitucional y la Ley de Propiedad son categóricos: los primeros 50 metros desde la línea de pleamar (la marca que deja el agua en marea alta) son de dominio público inalienable. Pese a ello, desde Tela, Trujillo y Omoa hasta la franja del Pacífico en Valle y Choluteca, la ley es una burla impune. Cercos privados, complejos turísticos y muelles ilegales han privatizado las playas mediante títulos nulos de pleno derecho que el Estado tolera.
Esta misma tragedia socioambiental se replica en el corazón del país: el Lago de Yojoa. Declarado humedal de importancia internacional (Ramsar) y área protegida, el lago sufre una invasión de su espejo de agua y franja de protección por restaurantes, granjas acuícolas y desarrollos inmobiliarios irregulares.
La ausencia de una delimitación georreferenciada y el irrespeto a las cotas de inundación han permitido que intereses particulares contaminen y mutilen el único lago natural de Honduras, demostrando que la codicia privada pesa más que el interés colectivo.
El problema muta drásticamente en el ámbito urbano y periurbano, donde la debilidad catastral alimenta la usurpación de la propiedad privada titulada. Un ejemplo emblemático es el predio "El Inglés" en Tegucigalpa, donde 36 manzanas pertenecientes a la Cooperativa de Vivienda de Periodistas (COVIPEL) permanecen invadidas por grupos organizados que instrumentalizan discursos de "derechos ancestrales" o supuestos títulos ejidales sin respaldo técnico. Este fenómeno evidencia cómo la falta de autoridad registral destruye la inversión social y condena a las ciudades a un crecimiento informal e inseguro.
A esta anarquía urbana se suma la expoliación del Patrimonio Público Forestal Inalienable en parques nacionales como Pico Bonito, Nombre de Dios o la Reserva del Río Plátano. La falta de deslinde físico en estas poligonales permite que falsos poseedores, estructuras de crimen organizado y acaparadores de tierra deforesten y titulen fraudulentamente áreas protegidas que administra el ICF, vulnerando el régimen de protección ambiental de la nación como es la Ley de Áreas Protegidas.
Abordar este caos o crisis territorial exige superar discursos tibios. La inoperancia estatal no es casualidad; responde a redes de complicidad entre municipalidades, registradores de la propiedad y entes ejecutores que han mercantilizado la tierra. La ley existe, pero su aplicación es inexistente. Esta permisividad destruye los ecosistemas turísticos, asfixia los proyectos habitacionales legítimos e invalida cualquier intento de atraer inversión seria que exija certeza jurídica real.
Ante esta crisis de gobernabilidad, la Procuraduría General de la República (PGR), como representante legal de los intereses del Estado, debe asumir un rol beligerante y fiscalizador. La PGR no puede seguir siendo un espectador pasivo que reacciona cuando el daño es irreversible. Es urgente que establezca una unidad especial que fiscalice a las instituciones obligadas por ley a sanear y cerrar el Catastro Nacional Multipropósito.
El Instituto de la Propiedad (IP), el Instituto de Conservación Forestal,( ICF), el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Dirección General de Cartografía y Geografía deben ser sometidos a una auditoría vinculante. La PGR debe conminar a estas entidades a fijar un cronograma perentorio para la delimitación georreferenciada de la zona marítimo-terrestre, las áreas protegidas, el Lago de Yojoa y los catastros urbanos del Distrito Central y demás municipios, deduciendo responsabilidad penal a los funcionarios que dilaten estos procesos.
En segundo término, la PGR debe iniciar acciones de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de los títulos privados emitidos sobre los 50 metros inalienables de las costas, las cotas del Lago de Yojoa y los predios usurpados mediante fraude registral como "El Inglés". Aquellas escrituras otorgadas al margen de la Constitución deben cancelarse en el Sistema Unificado de Registros (SURE), ejecutando los desalojos judiciales y restituyendo la propiedad a sus legítimos dueños o al dominio público.
Tercero, en la zona restringida de 200 metros en las costas, las municipalidades deben ser despojadas de la facultad discrecional de otorgar dominios plenos, imponiendo un régimen estricto de concesiones temporales y transparentes. Asimismo, el ordenamiento territorial debe armonizar la conservación con el respeto irrestricto a los asentamientos históricos de las comunidades Garífunas e indígenas legítimas, blindando sus títulos comunitarios frente a la especulación inmobiliaria y diferenciándolos de invasiones oportunistas.
Garantizar la veracidad cartográfica y restructurar el orden penal-territorial no es un asunto técnico, sino un acto de dignidad nacional. Restablecer el imperio de la Constitución en las playas, en el Lago de Yojoa y en la propiedad urbana de Tegucigalpa y otros municipios requiere que el Estado aplique la ley sin contemplaciones. Permitir que la anarquía y el despojo sigan gobernando el mapa de Honduras es renunciar a la idea misma de República.
