El secuestro y posterior asesinato de miembros de la Policía Nacional, así como la ejecución múltiple de más de 20 compatriotas en distintos hechos violentos, representan una tragedia que no puede reducirse a otra cifra en las estadísticas criminales. Hechos atroces que evidencian el deterioro de la seguridad pública y la profunda descomposición social que amenaza nuestra convivencia democrática.
No podemos permitir que la consternación pase; debe mantenerse y no convertirse, una vez más, en resignación colectiva o, peor aún, en terrible indiferencia. Corremos el peligro de acostumbrarnos al horror.
No podemos acostumbrarnos a la violencia, ni a la insensibilidad ante la tragedia humana: la de hondureños. Ese es el peor daño producido por el crimen organizado: asesina personas, pero destruye -sin enterarnos- la esperanza y la confianza ciudadana.
Con que descuido fue montada la operación policial que culminó la desgracia de cinco policías. La improvisación, la falta de inteligencia operativa y las debilidades estructurales en los cuerpos de seguridad exponen hasta burdamente a quienes arriesgan su vida por protegernos.
Las autoridades tienen la obligación moral y jurídica de revisar los protocolos, fortalecer la capacidad táctica y deducir severamente, responsabilidades ante semejantes fallas. cuando existan fallas. Las causas son más profundas. Precariedad, impunidad, corrupción, narcotráfico, debilitamiento institucional y perdida del control de amplias extensiones de nuestro territorio, han hecho de nuestro país, tierra fértil al empoderamiento de la criminalidad. No hay espacios vacíos: no esta la autoridad, esta el delincuente.
Honduras necesita una política integral de seguridad. Una que sea inteligencia estratégica, fortalecimiento institucional y oportunidades reales para la juventud. Condenamos con firmeza estos actos inhumanos, clamamos por protección para las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber y exigimos justicia. ¡Mano Dura, Presidente Asfura!
