El 16 de octubre de 2019, exactamente dos días antes de que el sistema de justicia norteamericano declarara culpable de todos los cargos por narcotráfico imputados al exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del gobernante de Honduras, 88 diputados del Congreso Nacional se revistieron nuevamente de impunidad al aprobar la nueva Ley de Inmunidad Parlamentaria o Protección Jurídica para los Legisladores, y junto a ella, también aprobaron otra figura financiera con la misma forma y fondo de la ya derogada Ley del Fondo Social Departamental, violando la Constitución.
Para que la justicia, según ellos, nunca les alcance, el mecanismo funesto que utilizaron fue aprobar e insertar el adendum 10-A en el Artículo 10 del Decreto 363-2013 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Dicho adendum reza: “Los diputados no serán responsables penal, civil o administrativamente durante su labor o función legislativa. Se entiende como función legislativa: los procesos de elaboración, lectura, discusión, aprobación, firma de proyectos de ley, dictámenes, decretos, así como actas y sus respectivas consideraciones”.
Frente a esto -y a todas luces- nadie duda que con esta nueva Ley de Inmunidad Parlamentaria los diputados se extendieron un cheque en blanco y se emitieron una licencia para delinquir y continuar delinquiendo como los Pandoros, Arca Abierta, el robo de los fondos del IHSS, de Salud Pública, de los Institutos de Previsión Social, las ONG de maletín, el barril sin fondo pero rebalsado de fondos de la Tasa de Seguridad, la Ley de Secretos Oficiales, militarización en las calles, violación de los derechos humanos, la quiebra de la ENEE, de Banadesa, compra de conciencias para elegir junta directiva del Congreso Nacional, fiscales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, jueces, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, contratos de construcción de carreteras y cobro de peajes, contratos de energía, mordidos por la coima. Aprobación de leyes de encubrimiento y protección a la corrupción, obstrucción a la justicia, nepotismo, aprobación de presupuestos para obras ficticias o sobrevaloradas como el INFOP, Fondo Vial (desaparecido recientemente por nexos con el crimen organizado), elaboración del nuevo y nefasto Código Penal para aliviar penas de delitos graves, anular la libertad de expresión y un extendido etcétera que ha hecho de este Poder un instrumento perverso de destrucción, un arma letal para el pueblo hondureño alineado al propósito del administrador como bien lo dice el fiscal del Distrito Sur en Manhattan.
El Congreso Nacional, con honrosas excepciones, es un nido de corruptos y corruptores, generadores de miseria, pobreza, hambre, enfermedad y muerte como las drogas que circulan en nuestro territorio y fuera de él. Si por ahora no están en la cárcel el repudio de todo un pueblo es su castigo.
Hoy los parlamentarios se muestran solidarios y fuertes, no permiten el juicio político, no permiten crear una Comisión Especial como lo establece el Artículo 205 numeral 21 de nuestra Constitución para investigar a todos aquellos políticos mencionados como personas de interés por los fiscales del sistema de justicia de los Estados Unidos de América y señalados como colaboradores en los cargos del culpable “Tony” Hernández.
Los diputados han hecho mal a conciencia cometiendo delitos indignos de la representatividad que ostentan. Han defraudado los sueños de los jóvenes que deberían confiar en ellos, pero que ahora piensan que los parlamentarios no son dignos de confianza.
Los hondureños necesitamos muestras de integridad de los legisladores y en nuestro sistema político, porque la democracia depende de eso, de la integridad.
El pueblo siempre ha esperado que los diputados, magistrados, funcionarios públicos y los administradores del Estado sean los mejores, los más capaces, los más idóneos, los más honrados e íntegros mujeres y hombres para administrar el dinero ajeno, el dinero del pueblo.
Propongo poner fin a las regalías para los diputados, autoridades del Estado, militares, políticos y empresarios; y, para las próximas elecciones primarias y generales debe estar aprobada la Ley de la Ficha Limpia o Ley de Inelegibilidad de Candidatos a Cargos de Elección Popular y aprobada la ley que prohíba al Estado el patrocinio de las campañas electorales de los partidos políticos.
Se exige la Ley de Ficha Limpia porque el elector tiene el derecho de escoger candidatos de vida limpia, libre de cualquier señalamiento y acción penal. La trayectoria de vida del candidato no puede estar inmersa en un ambiente nebuloso en el plano ético.
La función primordial del legislador es legislar y no administrar recursos económicos de ninguna índole. Queda planteado.
