Columnistas

La política tributaria y las promesas incumplidas

Sin importar la seriedad del tema, los políticos se especializan en introducir sus retóricas demagógicas y su propaganda proselitista para vender su supuesta lucha por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, ya en sus actuaciones puntuales lo que siempre buscan es cómo mejorar su situación personal, la de sus familiares y amigos y las de sus adeptos políticos.

Se acaban de presentar al Congreso varios proyectos relacionados con la política fiscal y a pesar de la seriedad del tema, sus implicaciones y de ser eminentemente técnico, en la presentación no dejaron de introducir arengas políticas, frases melodramáticas y acusaciones en contra de adversarios políticos, que están totalmente fuera de contexto.

La política tributaria es obviamente definida por los gobiernos en cuanto al tipo de impuestos a imponer, porcentajes y quiénes serán los obligados tributarios. Tiene implicaciones tanto microeconómicas como macroeconómicas. Determinar la cantidad total de impuestos que un gobierno desea recaudar afecta el comportamiento de la economía, al reducir los recursos disponibles para que los agentes económicos puedan invertir y promover la actividad económica y el empleo. En cuanto a la parte micro, se refiere a aspectos de equidad, al definir a quién se le aplicarán los impuestos y su eficiencia distributiva. Es evidente que la política fiscal es un instrumento clave que puede influir negativa o positivamente en el comportamiento de la economía de un país y en el bienestar social.

En nuestro caso, la Constitución de la República ordena que el sistema tributario se debe regir por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. En la reforma que se propone, se está sustituyendo la palabra proporcionalidad por progresividad, que prácticamente viene a significar casi lo mismo.

Tomando en cuenta lo anterior, y aunque no debería ser así, la determinación de los tributos es tanto una cuestión política como económica, tal como lo hemos comprobado en Honduras. Los líderes políticos siempre utilizan la política tributaria para promover sus agendas, introduciendo reformas tributarias en función de sus objetivos políticos, que incluyen, entre otros, disminuir (o aumentar) las tasas impositivas, cambiar la definición de ingresos gravables, crear nuevos impuestos, como el impuesto al combustible o la Tasa de Seguridad, exoneraciones y exenciones y otros.

Adicionalmente, muchos gobiernos, a pesar de la mejora en sus ingresos no es que utilizan los recursos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en aspectos torales como la salud, la educación y la seguridad. La práctica ha sido que entre más ingresos, más se incrementa el gasto corriente para mantener una burocracia de adeptos políticos enquistados en el aparato público y para que los altos funcionarios se den la gran vida.

Esperemos que este nuevo gobierno cumpla con su deber de administrar un sistema tributario más justo y equitativo y que los nuevos ingresos que se recauden sirvan para atender las demandas sociales de la población y que no se quede en simple retórica populista. Veremos que sucede con las iniciativas presentadas al Congreso.