La máquina de hacer dinero

Honduras, un país marcado por la corrupción estructural, vuelve a ser escenario de un escándalo que desnuda la podredumbre del sistema político: el uso de fondos públicos para favorecer campañas electorales de los afines al partido en el poder. Esta vez le tocó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); el exministro, José Carlos Cardona, presentó su renuncia forzada tras ser señalado como uno de los operadores de un esquema de aparente desvío de recursos destinados a los más pobres.La Sedesol, creada supuestamente para reducir la pobreza, se convirtió en un brazo financiero del Partido Libre. Bajo la administración de Cardona -hombre de confianza de la presidenta Castro-, esa secretaría operó como una “caja chica” para fortalecer políticamente a los allegados al gobierno.Históricamente, las instituciones del Estado han sido fuente de fondos para financiar campañas electorales. Para refrescar la corta memoria de las asquerosas administraciones públicas, recordemos estas perlas:El escándalo del IHSS (2014-2015) consistió en el desvío de millones de dólares destinados a la salud pública hacia empresas fantasma y políticos. Parte de esos fondos fueron utilizados para financiar campañas del Partido Nacional.La ENEE ha sido utilizada como “alcancía” por gobiernos de distintos partidos, con sobreprecios en contratos para la compra de votos.La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) desvió fondos de programas como el Bono Tecnológico Agropecuario y otros subsidios para financiar campañas, durante gobiernos del Partido Nacional y el Partido Liberal.El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) ha sido recurrentemente señalado por asignar recursos con criterios políticos en períodos electorales, beneficiando a alcaldías y diputados afines al partido en el poder.El Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas) -bajo diferentes gobiernos- ha reportado desvíos de fondos en proyectos de agua potable y desarrollo comunitario, con dinero que finalmente se destinó a fines políticos.El Banco Central de Honduras (BCH) saqueó sus reservas estatales en un “carretillazo” para repartir los dineros del pueblo en una “cuarta urna” que nunca se materializó.No es nuevo, pues estas prácticas persisten debido a la debilidad institucional, la impunidad y la opacidad. La relación entre el Estado, los partidos políticos y el financiamiento ilegal de campañas sigue siendo un problema estructural en Honduras, donde cada programa gubernamental que habla de la pobreza termina manipulado para favorecer a militantes y simpatizantes del partido oficialista.En el caso de Sedesol, millones de lempiras terminaron en propaganda estatal, resaltando a figuras afines a la candidata zelayista, en clara estrategia de posicionamiento electoral.Cardona, cuyo apellido no lleva “Z”, aceleró su salida en una jugada forzada. Sin embargo, su “renuncia” no resuelve el problema de fondo: el sistema estatal sigue funcionando como una estructura de saqueo para comprar lealtades en el negocio del poder.Lo grave es que este no es un caso aislado. Es la continuación de una práctica en la que gobiernos de todos los colores han utilizado el dinero público para perpetuarse en el poder. La diferencia ahora es que Libre, un partido que llegó prometiendo “refundar” el país y acabar con la corrupción, está repitiendo los mismos vicios que denunciaba.Hoy, pese a las evidencias, no hay investigaciones sólidas ni condenas. El Ministerio Público, débil ante los poderosos, no ha dado señales de actuar con contundencia. Mientras tanto, los demás ejecutores políticos siguen en sus puestos y la máquina de hacer dinero, bien aceitada con el sudor de los pobres, funciona perfectamente.